La Justicia de Comodoro Rivadavia dictó seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, acusados por el asesinato de Ángel López, el hijo de la mujer, de 4 años. Ambos fueron formalmente imputados por homicidio en una audiencia realizada en los tribunales penales del barrio Roca.
La medida fue dispuesta por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación. En el caso de Altamirano, la imputación es por homicidio agravado, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo su acusación en base a los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron más de 20 lesiones en la cabeza del menor. Según se detalló, estos golpes provocaron un “edema en la zona de cerebelo”, que derivó en un paro cardiorrespiratorio.
“Es materia de investigación”, respondió la fiscalía ante la consulta del juez sobre el momento en que se habrían producido las lesiones. Además, se incorporaron testimonios clave sobre las horas previas a la muerte del niño.
“Mariela comentó que Ángel había empezado con síntomas (no los describe) el día anterior. Se había hecho pis el día anterior. Se dieron cuenta por la mañana que el nene no respiraba y llamaron a la ambulancia”, fue el relato del fiscal sobre la declaración de una vecina.
Otro testimonio indicó que “el domingo 5 de abril, cuando se encontraba en su vivienda, escuchó gritos desde la calle y observó a Mariela con su bebé en brazos y con Ángel con una coloración azul”. Cuando le preguntó que le pasó, dijo “a mi hijo le agarró un ataque”.
El fiscal Cristian Olazábal sostuvo que, a partir de la investigación, el niño estuvo únicamente al cuidado de la madre y su pareja. “La prueba directa es la que arroja la autopsia, Pero el análisis global permite establecer que el niño estuvo solo con ellos dos en ese domicilio. Por otro lado se ha descartado una patología previa, entonces todo nos lleva a pensar que las lesiones que tenía en la cabeza fueron ejecutadas por un tercero”, afirmó.
“Esto nos lleva a sostener una única hipótesis. Los testigos refieren que el niño estaba en ese domicilio solo con ellos. Y nos permite descartar las coartadas que le dieron al personal policial en un principio”, agregó.
Finalmente, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Por estos motivos, tengo por formalizada la presente investigación y voy a otorgar al MPF el plazo que ha solicitado”, concluyó Alejandro Soñis.
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