El juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas retomó su actividad este jueves con una audiencia cargada de nombres de peso del mundo empresarial y político. La jornada dio continuidad a la etapa de “cuestiones preliminares”, una instancia técnica pero clave en la que las defensas buscan impugnar la investigación antes del inicio del debate de fondo, previsto para más adelante.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y esta fase se extenderá durante todo febrero. Tras finalizar la audiencia, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el martes a las 13.30 y analiza sumar un tercer día semanal de debate a partir del 27 de este mes.
La jornada comenzó con los planteos de la defensa del financista Ernesto Clarens, señalado como una pieza central en el circuito de recaudación y movimiento del dinero ilegal. Su abogado, Hugo Pinto, reclamó que se aplique el principio de “indemnidad judicial” previsto en tratados internacionales y cuestionó la imputación por multiplicidad delictiva. Además, negó que Clarens haya tenido contactos con el ex ministro Julio De Vido y apuntó a un error de la acusación, al atribuirle llamadas que, según afirmó, correspondían al empresario Ángelo Calcaterra.
Uno de los momentos más destacados se produjo cuando Alejandra Gils Carbó, ex procuradora general y actual defensora del empresario Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), pidió la exclusión de los cuadernos de Oscar Centeno como prueba. La abogada sostuvo que los escritos presentan “burdas adulteraciones y falsificaciones” y solicitó también la nulidad de los legajos de los arrepentidos por supuestos vicios constitucionales y procesales.
En esa misma línea, varias defensas cuestionaron con dureza la Ley del Arrepentido y el uso de las declaraciones de los colaboradores. El abogado Rodolfo Iglesias, defensor de Nelson Lazarte —ex secretario de Roberto Baratta—, denunció “coacción estatal” y calificó a la causa como una “prueba circular”, al sostener que “se utilizan arrepentidos para probar arrepentidos”. También pidió el apartamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante, invocando el Decreto 274/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que limita la capacidad acusatoria del organismo.
Otro eje de la audiencia fue el cuestionamiento al rol de la UIF, planteo al que adhirieron varias defensas, entre ellas la del empresario Carlos José Mundín (BTU S.A.), que denunció una “acusación duplicada” junto al Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, el abogado del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain centró su estrategia en el paso del tiempo y la edad avanzada de su defendido, de 79 años. Remarcó que los hechos investigados datan de 2008 y cuestionó la razonabilidad de una causa que lleva más de 17 años de trámite.
También pidió su sobreseimiento Alberto Ángel Padoán, ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y directivo de Vicentin, quien reiteró el reclamo de prescripción ya rechazado en instancias anteriores.
Con una agenda cargada de planteos técnicos, nulidades y pedidos de exclusión probatoria, el juicio avanza en una etapa decisiva que marcará el rumbo del debate oral. El Tribunal deberá resolver en las próximas semanas si acepta los cuestionamientos de las defensas o habilita el inicio del juicio propiamente dicho.
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