Un agente de la PFA fue detenido este viernes por la tarde en los Tribunales Federales de Boulevard Oroño, después de intentar sobornar al juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz, quien estuvo al frente de las audiencias que dictaron la prisión preventiva para el financista Fernando Whpei y el titular del TOF 4, Marcelo Bailaque.
“Doctor, perdón que lo moleste pero no lo quería dejar afuera”, dijo el cabo de la Federal y luego le ofreció un sobre. El dato fue revelado por el periodista Daniel Santoro este sábado y Red Boing pudo confirmarlo en diálogo con fuentes judiciales. La denuncia está en el área de Atención Inicial de la justicia federal rosarina.
El hecho ocurrió justo cuando el juez Rodrigues da Cruz tenía que resolver la solicitud hecha por la defensa de Whpei de otorgar el beneficio del arresto domiciliario al financista que se encuentra preso desde el martes pasado en la sede local de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ubicada en la zona del aeropuerto de Fisherton.
En la tarde del viernes se hizo una nueva audiencia, muy breve, en la que sus abogados presentaron certificados médicos de la esposa del imputado, para respaldar el pedido del beneficio. La decisión depende ahora de lo que informe el Gabinete de Protección de Discapacitados, por la situación de una familiar de Whpei.
Whpei y Bailaque, nombres que se repiten en la justicia federal
La situación suma un nuevo escándalo al fuero federal rosarino. Y se dio el mismo día en el que la Cámara de Apelaciones debatía allí mismo, en una sala de los Tribunales de Boulevard Oroño, el pedido del juez Bailaque para que se le revoque la prisión preventiva que le fue dictada hace dos semanas, que aún no se hizo efectiva porque lo protegen los fueros. La resolución sobre esa solicitud se conocerá el lunes a las 12 hs, después del cuarto intermedio al que pasó la audiencia.
Sobre el final de esa audiencia con Bailaque como protagonista, los fiscales que lo imputaron dieron a conocer otro dato fuerte: en los seis meses que pasaron desde que fue allanado su despacho y secuestrado su teléfono, el juez todavía no aportó la contraseña para abrir su iPhone, que aún no pudo ser peritado. “Esto constituye una clara obstaculización del proceso”, reflexionó otra fuente judicial que estuvo en la sala y habló con Red Boing.
El Consejo de la Magistratura, entre tanto, tiene previsto reunir antes de fin de mes a la Comisión de Acusación para acusar formalmente al polémico magistrado, que enfrenta varias causas penales y trámites disciplinarios al mismo tiempo, por presunta corrupción y complicidad con el narco Esteban Alvarado, en este último caso a través de la amistad que lo unía con Gabriel Mizzau, contador que llevaba las cuentas de las empresas con las que el grupo criminal lavó dinero producido por el narcotráfico.
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