La diputada socialista Lionela Cattalini presentó una nota reclamando celeridad en el tratamiento del expediente y aportó nuevos elementos sobre presuntas irregularidades del magistrado.
La diputada provincial Lionella Cattalini presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se avance en el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario.
En su presentación, la legisladora aportó nueva información y documentación que, según explicó, “refuerzan la necesidad de una actuación urgente por parte del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.
Entre los datos que Cattalini incorporó al expediente figura una investigación penal sobre una operación financiera de diez millones de dólares que habría sido autorizada por Salmain en favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei. Según declaraciones públicas, el juez se habría quedado con un porcentaje de la operación.
Además, la diputada incluyó testimonios que vinculan al magistrado con pedidos de dinero a cambio de decisiones judiciales, así como denuncias por acoso y persecución laboral dentro del juzgado que encabeza.
Para la legisladora socialista, estos antecedentes y los nuevos hechos “revelan un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial”. “Insto a la jueza Alejandra Provítola, quien está a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, a que avance con la celeridad y la seriedad que el caso requiere. La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige que el Consejo actúe con responsabilidad y sin dilaciones”, sostuvo Cattalini.
El juez Salmain se encuentra bajo investigación desde julio pasado, cuando se descubrió que omitió declarar un antecedente de cesantía en su currículum al concursar para el cargo. Esa sanción había sido dispuesta hace dos décadas, cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno.
A raíz de ese hallazgo, el Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario en su contra.
En agosto de este año, Cattalini solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una copia de los antecedentes que el juez presentó al concursar en 2022, así como la resolución de cesantía omitida en su declaración jurada. Luego, remitió esa documentación al Consejo de la Magistratura para que se incorporara al expediente.
“La omisión de antecedentes de esta naturaleza reviste una gravedad institucional. Ocultar información en una declaración jurada impide que tanto el Consejo de la Magistratura como el Senado —órganos responsables de evaluar y designar magistrados— puedan realizar los controles y las impugnaciones correspondientes”, advirtió la diputada.
Finalmente, Cattalini subrayó que “cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial” y reclamó que el Consejo actúe con decisión para que la Justicia esté a la altura de lo que la sociedad espera.
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