La investigación por el atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994 registró un nuevo avance judicial luego de que el fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitara el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en el ataque terrorista. En los dictámenes firmados este miércoles, el fiscal también imputó, declaró en rebeldía y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen iraní.
El nuevo implicado aparece como una figura central dentro de la estructura política de Irán. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Hejazi se desempeñaba como mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, quien fue asesinado el pasado 28 de febrero, y tenía un rol clave en el denominado Comité Vijeh, un organismo estatal donde se analizó el objetivo, se reunió información y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.
De acuerdo con las pruebas reunidas por los investigadores, una vez que el plan criminal fue aprobado por los máximos mandos del régimen, Hejazi quedó a cargo de la implementación y coordinación general del atentado.
Este nuevo elemento en la causa se consolidó tras la declaración de cuatro iraníes disidentes que brindaron testimonio en Francia ante el fiscal Basso. Los testimonios fueron considerados determinantes para avanzar contra el nuevo imputado. En base a ese material, el fiscal requirió indagarlo formalmente, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.
La solicitud ya se encuentra en el despacho del Juzgado Federal N.º 6, que actualmente está subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Quiénes son los diez acusados
Los diez ciudadanos iraníes y libaneses sobre los que el fiscal solicitó el procesamiento ya habían sido incluidos previamente en el proceso de juicio en ausencia. Todos permanecen prófugos de la Justicia argentina y tienen alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.
Entre los principales acusados aparecen Alí Fallahian, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Akbar Velayati, quien se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores durante ese período; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien dirigía la fuerza Al Quds y recientemente fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.
Según la investigación judicial, todos ellos integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el organismo gubernamental que habría autorizado el atentado en una reunión reservada celebrada a mediados de agosto de 1993, en un contexto que coincidía con avances en los procesos de paz en Medio Oriente.
La lista de acusados también incluye a diplomáticos que se desempeñaban en la embajada iraní en Buenos Aires durante esos años: Hadi Soleimanpour, entonces embajador; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario diplomático.
De acuerdo con la investigación de la UFI AMIA, estos funcionarios integraron una red de espionaje encubierta bajo estructuras diplomáticas, cuya tarea consistía en reunir información sobre el objetivo del atentado, brindar apoyo logístico a los ejecutores y facilitar el ocultamiento posterior a la explosión, aprovechando su inmunidad diplomática para moverse sin despertar sospechas.
La participación de Hezbolá
El expediente también señala la participación de integrantes de la organización armada libanesa Hezbolá. Entre ellos se destaca Salman Raouf Salman, identificado como el terrorista que dirigió las operaciones finales del atentado en territorio argentino.
Según el dictamen fiscal, Salman ingresó clandestinamente al país para organizar la llegada, el alojamiento y la posterior huida del grupo ejecutor.
Habría actuado junto a su hermano Abdallah Salman, quien era el responsable de administrar importantes sumas de dinero destinadas a financiar operaciones ilegales. La nómina de acusados se completa con Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés radicado en Paraguay, acusado de entregar certificados laborales falsos para que Salman Raouf Salman obtuviera una identidad y ciudadanía ficticias.
Los desertores iraníes que aportaron nuevas pruebas
Después de más de tres décadas de investigación y obstáculos judiciales, la causa sumó recientemente nueva documentación y testimonios considerados clave. Se trata del material entregado por cuatro desertores del régimen iraní, quienes actualmente se encuentran refugiados en Francia bajo estrictas medidas de seguridad.
Los documentos habrían sido obtenidos por infiltrados dentro de las estructuras del poder iraní, lo que, según los investigadores, permitiría confirmar la cadena de mando y la logística utilizada para ejecutar el ataque terrorista de 1994.
Esta información fue revelada en una investigación periodística publicada por el diario La Nación y difundida por la periodista Camila Dolabjian, quien dio a conocer detalles sobre el origen y la relevancia del material.
Los nuevos documentos y testimonios refuerzan las líneas de investigación que en su momento había sostenido el fiscal Alberto Nisman, quien basó sus acusaciones en informes de inteligencia que vinculaban directamente al régimen iraní con la planificación del atentado.
Desde la Fiscalía consideran que esta evidencia podría convertirse en la pieza final del rompecabezas judicial, ya que confirmaría la estructura jerárquica que ordenó el ataque y la red operativa que lo ejecutó.
De consolidarse estas pruebas en el expediente, la causa podría cerrar definitivamente la etapa de investigación y abrir el camino para juzgar a los acusados mediante el mecanismo de juicio en ausencia, una herramienta legal que permitiría avanzar en el proceso a pesar de que los sospechosos continúan prófugos de la justicia argentina.
Comentarios