El Tribunal Oral Federal N°7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el expediente derivado de los escritos de Oscar Centeno, en el tramo conocido como “La Camarita”, con la acusación impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.
Durante la onceava audiencia del debate, la UIF, conducida por Paul Starc, sostuvo ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la acusación, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos. Para el organismo antilavado, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos asociado a contratos de obras y servicios públicos.
El funcionamiento del esquema
La audiencia se extendió durante casi cinco horas y detalló un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. De acuerdo a la UIF, los anticipos financieros oscilaban entre el 10% y el 20% del monto de las obras, o se reemplazaban por sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
En ese entramado, el organismo atribuyó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido un rol central en la implementación del sistema. Su segundo, José López, habría coordinado el esquema; el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, lo ejecutaba; y el financista Ernesto Clarens era señalado como el recaudador del dinero.
Además, el TOF 7 leyó cargos por la aceptación de dádivas. “Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades”, sostuvo la querella, que atribuyó responsabilidades como coautores a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y Ernesto Clarens.
Destinatarios y empresas involucradas
Según la acusación, los sobornos se habrían pagado entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y luego eran entregados a Daniel Muñoz, fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens aportó un archivo de Excel con un listado detallado de fechas y montos de cada una de las entregas.
Para la UIF, el sistema de recaudación funcionaba de manera “aceitada y piramidal”, con Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales de los fondos ilegales.
El requerimiento destacó que la empresa que más sobornos habría pagado fue JCR S.A., de la familia Relats, que realizó 40 pagos por 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013. En paralelo, fue beneficiada con 44 obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad por más de 5.294 millones de pesos, en su mayoría otorgadas de manera exclusiva.
La UIF también subrayó el vínculo comercial entre los Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces. En ese marco, el contador Víctor Manzanares declaró como imputado colaborador y aseguró que el alquiler del hotel fue uno de los principales mecanismos de ingreso al patrimonio familiar.
Según su testimonio, el grupo alquiló el complejo durante 11 años por un canon mensual cercano a los 90 mil dólares, lo que habría generado entre 10 y 11 millones de dólares “en blanco”.
En el tramo “La Camarita” también se mencionó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, junto a Osvaldo De Sousa, a quienes se les atribuyen cinco sobornos por alrededor de 14 millones de pesos, pagados entre 2011 y 2012 a través de la constructora CPC S.A.
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