El Tribunal Oral Federal N.º 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio de la causa Cuadernos en el tramo conocido como “La Camarita”, en una audiencia que se extendió durante cuatro horas. Durante la jornada, se repasaron las declaraciones de empresarios de la construcción que, en calidad de arrepentidos, describieron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.
Los testimonios fueron prestados ante el fiscal Carlos Stornelli y posteriormente homologados por el juez Claudio Bonadio. En ellos, Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg relataron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre posibles represalias y un entramado que, según sostuvieron, determinaba qué empresas podían acceder a contratos estatales y cuáles quedaban fuera del sistema.
Gerbi, presidente de la constructora COARCO, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Según su relato, el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le transmitió a su socio que, por pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, debían realizar aportes de dinero de manera regular o afrontar consecuencias.
El empresario señaló que la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”, declaró. Ante ese escenario, admitió que comenzaron a realizar entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos que oscilaban entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.
Por su parte, Juan Chediak describió un esquema similar, aunque con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Recordó que, en una reunión en su domicilio, le advirtió: “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”.
Chediak contó que llevó dinero tanto a la casa del ex ministro como al propio Ministerio de Planificación, donde en algunas oportunidades le indicaban que dejara los paquetes “en el baño”. Las sumas, según detalló, iban de 100.000 a 250.000 pesos con una frecuencia mensual. Más adelante, explicó, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien habría sido categórico al advertir: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.
La audiencia forma parte del proceso previo al inicio del juicio oral, en el que se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, a partir de los escritos del chofer Oscar Centeno.
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