La Auditoría General de la Nación (AGN) dio un paso clave este jueves 26 de marzo al reactivar su intervención sobre la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). En el marco de la investigación por el fentanilo adulterado, el organismo convocó a los familiares de los fallecidos a un taller de planificación participativa en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, con el objetivo de diseñar una auditoría de gestión que determine las responsabilidades de control estatal.
La convocatoria ocurre en un escenario judicial de extrema sensibilidad. Según informes remitidos a la Agencia Noticias Argentinas, la causa que lidera el juez Ernesto Kreplak desnudó una cadena de negligencias que incluyen al Ministerio de Salud, la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Los peritajes confirman que el sistema de trazabilidad y los protocolos de retiro de lotes fallaron críticamente, ignorando alertas previas en el proceso de fabricación.
El saldo trágico: 111 fallecidos confirmados
Tras el relevamiento realizado por el Cuerpo Médico Forense durante la feria judicial, se consolidaron las cifras de la tragedia. De un total de 159 casos analizados, se confirmó que 111 personas perdieron la vida a causa del opioide contaminado, mientras que 48 pacientes lograron sobrevivir al cuadro de intoxicación. Estas cifras convierten al caso en uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente del país.
La situación de los procesados
En el plano penal, la Justicia mantiene a 14 personas procesadas y bajo arresto. El principal implicado es el empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. García Furfaro está acusado de ser coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud. La imputación sostiene que el empresario, junto a otros 16 integrantes de sus plantas, tomó decisiones directas sobre la producción y venta del lote 31202, fabricado en diciembre de 2024.
La investigación judicial señala que la contaminación del fentanilo fue producto de un proceso industrial plagado de falencias. “Existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito judicial, sugiriendo que la adulteración no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de una desidia sistemática en las plantas de producción que el Estado no supo detectar a tiempo.
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