La diputada nacional Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza, presentó este jueves un proyecto para que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analice “con urgencia” la situación judicial del legislador tucumano Carlos Cisneros, de Unión por la Patria, quien fue citado a indagatoria en una causa por presunta trata de personas.
La iniciativa surge luego de que el juez federal Guillermo Díaz Martínez notificara formalmente a la Cámara baja sobre la investigación en curso y la “hipótesis razonable del delito de trata de personas” que maneja la fiscalía, encabezada por Rafael Vehils Ruiz.
Aunque el magistrado no solicitó el desafuero del diputado, en el escrito remitido al Congreso se recomienda que el cuerpo adopte “los fines institucionales que pudieran corresponder” ante la situación judicial del legislador.
Pedido para analizar sanciones o desafuero
En ese contexto, Lemoine presentó un proyecto de resolución para que la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por el diputado oficialista Nicolás Mayoraz— evalúe posibles sanciones disciplinarias o incluso el desafuero de Cisneros.
La legisladora fundamentó su planteo en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada cámara del Congreso a sancionar o remover a sus miembros por cuestiones de conducta.
“Cabe recordar que el régimen de inmunidades parlamentarias, previsto en el artículo 69 de la Constitución Nacional, no constituye un privilegio personal de los legisladores, sino una garantía institucional destinada a preservar el normal funcionamiento del Poder Legislativo”, argumentó Lemoine en el proyecto.
Además, sostuvo que cuando la Justicia requiere medidas que podrían verse limitadas por esos fueros, corresponde que el Congreso analice la situación “con la mayor celeridad posible”.
La causa judicial
El fiscal Vehils Ruiz solicitó la indagatoria de Cisneros, de la abogada Patricia Neme y del empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia, acusados de integrar presuntamente una organización que habría utilizado a una joven que en 2024 denunció por violación a cuatro jugadores del club Vélez Sarsfield.
Los futbolistas fueron absueltos en diciembre pasado, pero de aquella causa se desprendió otra investigación vinculada a una presunta extorsión, que habría involucrado la captación de la denunciante, quien trabajaba en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, un organismo provincial sobre el que anteriormente tuvo influencia Cisneros.
Antes de su absolución, uno de los jugadores denunciados, José Florentín Bobadilla, había señalado públicamente al diputado como presunto responsable de impulsar la denuncia.
“Cisneros se encuentra detrás de la denuncia realizada en mi contra y en contra de mis compañeros. El diputado habilitó sus recursos y puso en marcha su estructura criminal, aún antes de que la denuncia existiera”, afirmó el futbolista en su momento.
Las mayorías necesarias en Diputados
Para que prospere un eventual desafuero de un legislador nacional se requiere el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes en la Cámara de Diputados.
En ese escenario, si Cisneros mantuviera el respaldo del bloque de Unión por la Patria —que cuenta con 93 integrantes— el oficialismo y el resto de la oposición necesitarían una mayoría muy amplia para avanzar con la medida, lo que podría dificultar la aprobación del desafuero.
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