La Justicia federal realizó este miércoles una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga a la firma Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. Los procedimientos incluyeron oficinas de la compañía, sedes de otras empresas vinculadas y la apertura de varias cajas de seguridad pertenecientes a la financiera ligada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
En total, fueron al menos nueve operativos ordenados por el juez Luis Armella, subrogante del Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora. El magistrado ya había dispuesto, el martes, inspecciones en oficinas de la AFA y en más de una decena de clubes del fútbol argentino.
Allanamientos en Capital Federal y nuevas empresas involucradas
Los nuevos procedimientos alcanzaron domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires relacionados con Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo. Además, se allanaron oficinas de otras sociedades presuntamente vinculadas a la operatoria investigada, entre ellas Minella Stadium S.A., Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.
Operativo en Lomas de Zamora y caja fuerte abierta
En paralelo, se realizó un allanamiento en un inmueble de la firma Neocam S.A.S., ubicado en Lomas de Zamora. Según fuentes consignadas por La Nación, en ese lugar funciona —bajo el nombre de fantasía “Lilian”— un comercio de joyería y compra de oro administrado por Maite Lorenzo, pareja de Vallejo.
El juez Armella también ordenó la apertura de una caja de seguridad perteneciente a Sur Finanzas en una sucursal ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la misma localidad del sur del conurbano. A esto se suma la apertura de otras cajas de seguridad que la firma posee en distintos bancos.
Un expediente que crece: del caso Urzi a una denuncia por $818.000 millones
La causa, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona, se inició a partir de una investigación por presunto lavado de dinero en torno a la transferencia del exfutbolista de Banfield Agustín Urzi.
Posteriormente, la causa se amplió tras una denuncia de la Dirección General de Impuestos (DGI) por presunto blanqueo y evasión fiscal por un monto estimado en $818.000 millones. La hipótesis de los investigadores es que se habría constituido un fideicomiso para legitimar fondos provenientes de operaciones ilícitas similares a la que involucró al exjugador.
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