Ante los reclamos de la defensa de Cristina Kirchner por el monto a decomisar en el marco de la pena por la causa Vialidad, este jueves se llevó a cabo una audiencia clave para determinar la cantidad exacta de los millones que tienen que ser devueltos, según determinó la Justicia en su fallo contrario a la expresidenta, que además derivó en una condena penal a seis años de cárcel e inhibición perpetua para ejercer cargos públicos.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe escuchar las posiciones de las partes. Mientras los letrados de la expresidenta se oponen al cálculo realizado por el Tribunal Oral Federal N°2, que fijó en casi $685.000 millones el dinero total a reparar -actualizado en función del paso de los años desde el inicio del proceso- el fiscal Mario Villar expresó que debe ratificarse ese monto del decomiso dispuesto a Kirchner y los demás condenados. Según confirmó el representante del Estado, son exactamente $684.990.350.139,86.
El cuestionamiento de la defensa, en tanto, se centra, por un lado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) usado para llegar a ese número -ya que sostienen que debería ser de $42.000 millones, de acuerdo a cuentas realizadas por sus peritos de parte- y, por otro, en que afirma que es la justicia civil y comercial federal la que debe encargarse de este aspecto del caso.
Las dos objeciones deben ser atendidas por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes emitirán su dictamen al respecto hasta cinco días hábiles después de terminar de escuchar a todas las partes, que además de la fiscalía y los representantes legales de la exvicepresidenta incluye a los abogados de Lázaro Báez, otro de los condenados que también cuestionó la cifra. Este último asegura que la cuestión ya la lleva el Tribunal Oral Federal N°4 en el marco de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K“.
En su veredicto del 6 de diciembre de 2022, el TOF N°2 dispuso que se incautara a la exmandataria la suma de $84.835 millones por el caso relacionado con los desvíos de fondos de la obra pública. Pero estableció que ese valor debía ser ajustado mediante la intervención de organismos técnicos cuando la sentencia quedara firme, lo que sucedió este año y derivó -además- en el arresto en su domicilio de San José 1111. Ese ajuste es el que objetan desde la defensa de Kirchner.
Borinsky ya confirmó que los recursos planteados a casación se analizarán de forma conjunta. En tanto, el magistrado Jorge Gorini, quien preside el TOF N°2, ya había rechazado la nulidad contra la decisión que fijó el índice de actualización para considerar el monto de decomiso.
El 17 de junio pasado, la Corte Suprema ratificó la condena de las dos veces jefa de Estado a seis años de prisión por administración fraudulenta y en ese contexto se fijó una cantidad a retenerle como equivalente al daño causado a la nación por haber asignado recursos para obras que no se terminaron.
Una vez que las partes debatan y expongan sobre los recursos presentados a Casación, el tribunal tendrá los cinco días hábiles para resolver sobre el asunto. Más allá del total específico que se establezca que debe entregar, aún resta definirse si en el caso de los inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para tomar como parte de pago, se subastarán o pasarán a manos del Máximo Tribunal, o incluso del Consejo de la Magistratura.
Comentarios