Policías de Buenos Aires y el Grupo de Apoyo departamental, en un amplio operativo con 60 agentes arribaron en la mañana del martes a Pinar de Rochas, histórico boliche de Villa Sarmiento del departamento de Morón. Mientras la multitud estaba bailando dentro del establecimiento, cortaron la música e iniciaron el procedimiento.
Los agentes tenían la orden de desalojar y clausurar la institución debido a una deuda en el pago de alquileres, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40. La jueza María Victoria Aloé, fue la encargada del allanamiento en el que intervinieron el Juzgado Civil y Comercial N°9.
El procedimiento constituye el desenlace de un juicio iniciado en la pandemia, que ya cuenta con sentencia en primera y en segunda instancia, de acuerdo a la denuncia del polémico empresario Daniel Bellini. Esto podría derivar en la demolición del local y el desarrollo de un nuevo emprendimiento inmobiliario.
Bellini, presente en el operativo, relató que durante las negociaciones para adquirir el terreno, la nueva propietaria llegó a exigirle 10 millones de dólares, aunque, según su valoración, “el predio, la tierra, no vale más de US$ 4 millones“. Este desacuerdo económico es el eje de una disputa que se extiende desde que Bellini comenzó a administrar la actividad del local.
A media mañana, el Juzgado ordenó el corte total del acceso. La música se interrumpió y los asistentes, que bailaban en el interior, debieron abandonar el lugar por una salida lateral. En simultaneo, los trabajadores y el empresario se rehusaban a abandonar las instalaciones.
El proceso judicial comenzó tras el fallecimiento de la anterior dueña de Pinar de Rocha, quien habría dejado la propiedad en herencia a la persona que la cuidó en sus últimos años de vida, situación cuestionada públicamente según el testimonio de Daniel Bellini.
Desde entonces, el contrato de alquiler cesó y la nueva propietaria, de acuerdo con Bellini, dejó de cobrar el alquiler con la intención de facilitar una futura demolición y venta del terreno. El local funcionaba sin un contrato formal desde la pandemia.
El desalojo decretado deja atrás una tradición de más de 55 años de existencia ininterrumpida del local, que permaneció abierto incluso durante complejos ciclos económicos y políticos.
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