Una investigación federal destapó una organización dedicada al transporte y comercialización de droga que operaba entre el norte argentino y el sur santafesino. Tres personas fueron imputadas tras el secuestro de más de seis kilos de cocaína en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.
El procedimiento tuvo como principal protagonista a una mujer, identificada como Ana F., quien fue detenida el pasado 4 de marzo cuando arribó a la ciudad con una mochila en la que transportaba 6,241 kilos de cocaína. La sustancia estaba fraccionada en seis paquetes tipo “ladrillo” y oculta dentro de globos de piñata.
Pero la trama va más allá. La Justicia también imputó a su pareja, Juan Carlos P., quien se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz, y al padre de éste, señalados como coorganizadores de la maniobra.
Según la acusación, el grupo integraba una red dedicada a trasladar estupefacientes desde San Ramón de la Nueva Orán hasta la provincia de Santa Fe, con base operativa en Alcorta, desde donde la droga era distribuida a distintas localidades, entre ellas Villa Constitución, Elortondo, Colón y San Nicolás.
La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que advertía sobre una organización que utilizaba micros de larga distancia para el traslado de droga. A partir de allí, se desplegó una investigación que incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos y tareas de inteligencia.
Los fiscales sostienen que el recluso dirigía la operatoria desde la cárcel, manteniendo comunicación constante con su pareja, a quien le daba instrucciones precisas sobre la compra, el acondicionamiento y el traslado de la cocaína. Incluso, le indicaba cómo adquirir celulares y chips a nombre de terceros para evitar ser rastreados.
El recorrido del cargamento comenzó el 26 de febrero, cuando la mujer viajó a Orán. Tras varios días en esa ciudad, emprendió el regreso a Rosario con la droga oculta en su equipaje, hasta ser interceptada en la terminal local.
Además, se detectó que el padre del detenido cumplía un rol clave en la administración del dinero obtenido de la venta, incluyendo operaciones con divisas extranjeras y tareas de alerta ante posibles investigaciones.
La imputación fue formalizada el 6 de marzo ante el juez federal Román Lanzón, quien dispuso prisión preventiva por 120 días para los tres acusados, bajo cargos de tráfico de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas.
El caso vuelve a poner en foco el funcionamiento de redes narco que, incluso con sus líderes tras las rejas, logran seguir operando mediante estructuras organizadas y conexiones en distintas provincias.
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