Este lunes comenzó en los Tribunales Federales de Rosario, ubicado en Oroño al 900, por la muerte y desaparición de Franco Casco ocurrida en octubre de 2014. Por este hecho, están imputados 19 policías quienes según la fiscalía torturaron, asesinaron e intentaron desparecer el cuerpo arrojándolo al río Paraná.
Según el fiscal Oscar Fernando Raggio, quién ejerce el rol de acusador en el juicio, Franco Casco fue detenido el 6 de octubre de 2014 cuando se dirigía rumbo a la estación Rosario Norte para regresar al partido bonaerense de Florencio Varela, donde residía, luego de visitar familiares en Empalme Graneros. Los efectivos de la comisaría 7° lo llevaron a esa dependencia policial y lo alojaron en una habitación llamada “la jaulita”. Este hecho fue confirmado por otros detenidos que se encontraban en el lugar y los libros de guardia.
Raggio afirmó que Casco fue golpeado con saña por policías entre la 1 y las 3 de la mañana. Los presos que estaban alojados en esa comisaría informaron que pidió auxilio y que Franco les había comentado que su apellido era Casco. Al otro día, el joven desapareció y nada se supo de él.
Los presos afirmaron que las palizas de los efectivos policiales eran recurrentes y un modus operandi de esa seccional.
Finalmente el 30 de octubre de 2014, el cuerpo de Franco Casco apareció flotando en el río Paraná y a partir de ahí comenzó una investigación que llegó a los policías de la comisaría 7°. Vale destacar que al cuerpo se le realizaron en el Instituto Médico Legal en dos oportunidades y dos veces tuvo que ser exhumado para realizar pericias que estuvieron a cargo del Cuerpo Forense de la Corte Suprema de la Nación.
En la autopsia se determinó que Casco fue arrojado a las aguas del Paraná sin vida con sogas atadas a un brazo y una pierna con la intención de que el cuerpo no saliera nunca a flote.
La Justicia Federal interpreta que la detención ocurrió de manera ilegal y que nunca informaron en los libros de guardia sobre esta aprehensión. Este procedimiento fue escrito después de la desaparición de Franco con la argucia de declarar que en realidad estuvo preso unas horas y fue liberado.
Además que hubo una serie de errores con la intención de dificultar la investigación como registrarlo con el apellido materno (Godoy), con otro DNI y otra dirección.
Los policías imputados fueron el jefe de la comisaría 7° en ese momento, subcomisario Diego Álvarez y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco, acusados por desaparición forzada seguida de muerte y por la aplicación de torturas a la víctima.
César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva fueron imputados por desaparición forzada seguida de muerte.
Elisabeth Belkis, Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz y Ramón Juárez por participación secundaria en la desaparición forzada seguida de muerte.
Por último, Pablo Síscaro y Daniel Escobar de Asuntos Internos son acusados de encubrimiento.
Uso de fondos reservados
El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain denunció el 4 de agosto de 2020 ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la Dra Mariela Jimenez ,el uso de “fondos reservados” de asuntos internos para pagar honorarios a los abogados defensores de los policías involucrados en el caso Franco Casco.
Sain presentó pruebas y recursos necesarios para avanzar con la pesquisa, que involucra a la gestión del ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y su ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad David Reinero.
Según el ex ministro, este caso “tuvo el plus de gravedad político institucional al haber sido ordenada por la máxima jerarquía de la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, que entonces ocupaba David Reniero”. Y se remitió al informe de Asuntos Internos que pide “tener en cuenta que el aumento” de los gastos reservados entre Octubre de 2017 y Septiembre de 2018 “se debió a que la diferencia de la suma recibida (78.000 pesos) era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta unidad que se encontraba involucrado en el caso Casco”. “Esto fue a partir de una orden del secretario de Control”, finalizó.
La denuncia detalla también que José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, abogados de los policías (que defendían a los cinco agentes acusados por la desaparición forzada y posterior homicidio de Franco Ezequiel Casco) son socios en el mismo estudio jurídico, y fueron funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, tanto durante la gestión de Raul Lamberto, como así también en la de Maximiliano Pullaro, ellos tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no solo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en la ciudad de Rosario y la región.
Además, Alcacer fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone (Defensor de Alvarado), quien era en ese momento asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
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