
El oficialismo tiene siete días más para continuar negociando informalmente con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias, en las que buscará aprobar la demorada reforma laboral, que ya consiguió varios apoyos, pero también algunas críticas. La iniciativa había sido elaborada por el Consejo de Mayo y presentada el año pasado, pero la presión de la CGT y la estrategia política de La Libertad Avanza postergaron el debate.
La central obrera había anunciado un paro con movilización para el día en que se esperaba discutir la medida, pero la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decidió suspender su votación. Además, Bullrich consiguió que el proyecto tuviera dictamen antes del receso para facilitar su tratamiento en febrero.
Durante el receso, la referente libertaria conformó una comisión técnica a cargo de la abogada Josefina Tajes, que “recibió a representantes de diferentes sectores para escuchar cuestionamientos o sugerencias”. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuó su ronda de reuniones con gobernadores y logró respaldo de algunos mandatarios, aunque también críticas de otros. Gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) manifestaron cuestionamientos a la Casa Rosada sobre el impacto fiscal del proyecto.
El principal punto de conflicto con las provincias es un artículo de la reforma que propone una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. Para los tramos 2 y 3 del gravamen —que es coparticipable— “se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente”, por lo que los gobernadores piden que se reconsidere la medida o se establezca algún tipo de compensación. Estudios independientes señalan que esa reducción podría implicar una pérdida de recaudación de $1,7 billones para las provincias durante 2026.
Este lunes volverá a reunirse en Casa Rosada la mesa política del Gobierno para definir la estrategia legislativa de cara a las extraordinarias. Además de Santilli y Bullrich, integran ese grupo la secretaria general Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La reforma laboral también enfrenta resistencia sindical. El miércoles pasado, secretarios de ATE y de la UOM coincidieron en “no esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza”. Además, dirigentes sindicales afirmaron que “están frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”.
Desde el oficialismo, Tajes afirmó que “hasta ahora están escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las van a tomar. “Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no” aseguró.
El período de sesiones extraordinarias comenzará el 2 de febrero, marcando el inicio de la etapa de debate más intensa en el Congreso para la reforma laboral y otras iniciativas clave del Gobierno.
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