Rosario lleva 230 homicidios en lo que va de 2022, con un promedio de crímenes por cantidad de habitantes varias veces más alto que el del resto del país y que sólo se puede comparar con el de 2013, cuando mataron a “Pájaro” Cantero y terminó siendo hasta ahora el año con más asesinatos de la historia de la ciudad. Según la información que brinda el Ministerio de Seguridad, la mayoría de los hechos están concentrados en pocos barrios, tomados por una disputa del territorio narco que incluye balaceras y extorsiones. Ludueña, Empalme Graneros, Parque del Mercado, Municipal, La Granada, Rouillón y Segui, son entre otras, las zonas más complicadas. Pero la preocupación no está sólo en esos lugares, sino que se extiende como una mancha de aceite.
La enorme cantidad de muertes ocupa lugar central en las noticias cada día y aunque casi nunca sean en el centro o en ocasión de robo, van generando en la población rosarina la sensación de que existe una espiral de violencia que el Estado no parece poder controlar. Y cada vez más, por casos como el de Claudia Deldebbio y su hija Virginia, la idea de que “le puede pasar a cualquiera”. Hay otro dato, en este marco, que genera impotencia: cuando la justicia logra avanzar con investigaciones, suele encontrar que muchos de estos hechos son ordenados desde una prisión.
En las cárceles de Santa Fe hoy sobran unos dos mil presos. La capacidad máxima es de 6.151 detenidos y a comienzos de octubre había 8.090 personas privadas de su libertad. La crisis lleva varios años y según las propias autoridades del Servicio Penitenciario, para hacer frente a la situación se cuenta con poco personal y sin la capacitación necesaria. Desde el gobierno provincial se anunciaron mejoras técnicas como los inhibidores de señal y se trabajan en obras de ampliación de la capacidad del sistema, pero los números son abrumadores.
El dato pone en cuestión la propia función de las prisiones y del Servicio Penitenciario. La doctora Jacquelina Balangione, titular del Servicio Público de la Defensa provincial, dijo sobre este tema: “Nosotros tenemos a cargo la defensa técnica del 90 por ciento de las personas que están en prisión, el trabajo creció mucho. Hace ocho años, la cantidad de personas privadas de su libertad era de 3.500. Hoy la superpoblación carcelaria es muy grande, sobre todo en Piñero y Coronda. En la capital provincial pasa con las Comisarías. En Rosario eso dejó de ser un problema, porque se construyó el Order. Pero todo esto conspira contra la buena gestión dentro de la cárcel y contra el proyecto de resocialización de la prisión”.
La palabra de los funcionarios
Otra de las voces que puso el grito en el cielo hace muy poco fue Gabriel Leegstra, flamante director del Servicio Penitenciario provincial. Al asumir sus funciones, dijo en entrevista con la periodista Ivana Fux: “El Servicio está colapsado. Desde que entró en vigencia el nuevo Código Penal hay superpoblación y eso significa exceso en las horas de trabajo. Hace falta un 25 por ciento más de personal, al menos. Así no se puede prestar bien el servicio y no se puede alcanzar el grado de profesionalidad que necesitamos. Encontré un sistema carcelario con una crisis de identidad profesional acentuada, producida sin dudas por los últimos años en los cuales se llevó a la institución por caminos que no son los que debe transitar en esto del espíritu de servicio, la identificación profesional, los valores; todo aquello que es simbólico en una fuerza que debe estar prestando un servicio público y alineada en el cumplimiento de órdenes, a los fines también de cumplir con las leyes como se exige”.
En la misma entrevista planteó que es imposible impedir la planificación del delito desde el interior de una cárcel. Y lo explicó así: “El derecho de comunicación que tiene el interno es un derecho fundamental que no sólo está establecido en la ley de ejecución penal, sino previsto en normativas internacionales que nuestra Constitución recepta. Hay una obligatoriedad que tiene el Estado de satisfacer la comunicación del interno con la sociedad y su familia. Hay tres vías previstas: la correspondencia que ya no se usa; la visita y la telefonía. Respecto de la visita se hacen controles con sistema de turnos. Respecto de los teléfonos, la ley obliga a que todas las unidades tengan telefonía pública. Piñero, por ejemplo, tiene 75 líneas públicas. Además de ello, sin ninguna duda ingresan celulares. La telefonía celular está prohibida por ley; en agosto sólo en Piñero se secuestraron cien teléfonos. La pregunta es cómo entran. Por eso ni bien asumí, creé una Dirección de Control y Análisis Interno. Lo que hacemos es revisar todos esos procesos con personal calificado del mismo Servicio para detectar errores e infidelidades”.
Leegstra también aseguró en esa misma nota periodística que con las leyes actuales no se pueden cortar las visitas a presos de alto perfil. “No podemos transgredir eso; tenemos que trabajar con la ley vigente. La visita es un derecho del interno; lo que se hace es registrarla, establecerle turnos, darle tiempos y esos tiempos son muchas veces consensuados con la misma justicia. A partir de allí todo lo que es tecnología se va sumando. Colocar un blindex no significa que no hablen, y no sé cuál sería la utilidad si esa conversación no se puede grabar. Hay derechos que tienen los internos que no se pueden violar desde el servicio y que tampoco los jueces los autorizarían”.
La pregunta que surge es: ¿Habrá entonces que cambiar las leyes? Por lo pronto, hasta que eso pase, hubo anuncios que se repitieron como el de los inhibidores de señal en las cárceles, que todavía no se han concretado.
Hace poco, un fiscal de Estados Unidos brindó una conferencia en la Facultad de Derecho de la UNR. En el auditorio, había varios integrantes del MPA, incluido el Fiscal Regional, Jorge Baclini. El americano, especializado en perseguir el narcotráfico, contó que la única forma que habían encontrado en su país de cortar el vínculo entre la cárcel y el delito había sido mediante inhibidores de señal para la telefonía móvil. “El derecho a la comunicación del detenido ee garantiza mediante un teléfono público en el pabellón, intervenido por la justicia”, planteó.
Una alta fuente del MPA consultada por RedBoing para esta nota dijo además: “Lo de excusarse siempre en el derecho a la comunicación es una forma de no hacer nada. Ante lo que pasa, con presos de alto perfil, líderes de banda que reinciden y sabemos que siguen manejando la calle desde adentro, hay que tener una acción más firme. Que recorten en la cárcel y que después vean qué hace la justicia. Quedará expuesto el juez, en todo caso”.
Testimonios desde adentro
Las pesquisas que lleva adelante la justicia provincial sobre homicidios, extorsiones o delitos vinculados al narcomenudeo en Rosario, suelen terminar con la información de que las órdenes salieron desde una cárcel. Para eso, los presos necesitan comunicación con el exterior. A veces, las directivas fluyen por teléfono y otras en las visitas a los penales. “En el último tiempo, creció la cantidad de mujeres que se dedican a hacer de ‘palomas mensajeras‘. A veces inclusive el trabajo es prostituirse dentro de la cárcel y salir con una directiva para alguien de la banda en la calle. El crimen de las hermanas Gorosito se sospecha que estuvo vinculado a esa modalidad, en la previa”, desliza a RedBoing una de las fuentes que trabajó en la investigación de ese crimen.
Marianela y Estefanía Gorosito fueron asesinadas en julio pasado y sus cuerpos aparecieron en un descampado en Pérez. Según la imputación del Fiscal Patricio Saldutti, el móvil habría sido una deuda por droga con una célula de Los Monos, para quienes habían empezado a vender después de tener visitas a distintos detenidos en Piñero.
En la cárcel de esa localidad santafesina, hay una secreto que todos los que están vinculados con temas carcelarios conocen: los distintos pabellones tienen “dueños”: “El 9 es de los Toloza, el 13 era de René Ungaro, que fue trasladado a Ezeiza después de la fuga del año pasado y ahora a Trelew. El 14 era del Morocho Mansilla, el que organizó ese escape que desde afuera fueron a hacer los disparos con ametralladoras”, amplía la misma fuente.
En las prisiones se hacen requisas en forma periódica, para buscar teléfonos. A veces con orden judicial, otras por pedido de Fiscalía y en ocasiones lo decide el propio Servicio Penitenciario. Casi siempre se encuentran chips y celulares escondidos. En una de las causas que llevó adelante el fiscal Pablo Socca a una banda que actuaba en barrio Ludueña en julio pasado, terminó con la imputación de ocho hombres -dos de ellos ya presos en Coronda- y una mujer. Uno de los líderes de la organización criminal daba las órdenes desde la cárcel con un celular a disposición suyo y había cambiado 70 veces de chip en los primeros seis meses del año.
En las causas que lleva adelante el MPA, suele aparecer información sobre los precios para obtener un celular en la cárcel: “En Piñero, siete u ocho mil pesos, que cobran los mismos celadores. Cuando estaba René Ungaro en el Pabellón 13, le dejaban entrar cocaína, marihuana, bandejas de frutillas, bolsas de rolito, también vodka adentro de botellas de agua. Y no era ese el único pabellón donde había ‘mafia’. Los ‘colombianos’ manejan el 5, el de ‘Chucky’ Monedita es el 8, el 4 y 16 son de los Funes, el 13 y 14 de René y del Morocho”, confió a la justicia un testigo de identidad reservada.
El cuestionamiento a las cárceles federales
Respecto a las cárceles federales, que es adonde están los líderes de las bandas criminales de Rosario, sucede otro tanto. Hace un tiempo se detectó que “Guille” Cantero tenía a disposición un teléfono fijo en su celda. Y la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, justificó: “Es su derecho a la comunicación”. La línea que llegaba hasta el lugar de detención de uno de los líderes de Los Monos tenía un cable de varios metros que incluía perforaciones a las gruesas paredes del Pabellón.
Este año, René Ungaro fue nombrado en la causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti como presunto instigador del doble crimen de Claudia y Virginia a fines de julio, el de las dos vecinas que murieron después de ser atacadas a balazos esperando un colectivo. Víctimas al revoleo, por cuyas muertes se habría pagado 30 mil pesos por cada una, según evidencias que logró obtener la investigación. La orden habría sido atacar en la zona de Parque del Mercado “para recuperar presencia en la zona” y para esto habría utilizado “mano de obra” del barrio: dos hombres, padre e hijo. Uno de ellos, además, fue imputado esta semana por el fiscal Federico Rébola por la balacera del Distrito Sur de la Municipalidad. Ungaro estaba en la cárcel de Ezeiza tras haberse fugado de Piñero y luego de este hecho fue trasladado a Trelew.
El 28 de septiembre, un hombre baleó los Tribunales Federales de Boulevard Oroño. Llegó caminando, disparó y se fue de nuevo caminando. Esta semana lo detuvo la Policía Federal en su casa en San Lorenzo al 2.200, a pocas cuadras del hecho. Se llama Guillermo C. En su teléfono, según datos que maneja la Fiscalía del doctor Javier Arzubi Calvo, hay numerosos cruces de llamadas al teléfono fijo de la cárcel de Trelew. En 2021, esta misma persona sindicada como presunta autora del ataque a la justicia, había sido detenida en un departamento en barrio Parque del Mercado, en un allanamiento en el que se buscaba gente vinculada a la banda de Ungaro.
La sospecha es que la bala que impactó contra la garita de Tribunales podría haber sido un reclamo de Ungaro por el cambio de lugar de detención. Ya alguna vez sucedió cuando se decidió el traslado de Cantero, en 2018. “La paritaria de los líderes de las bandas con el Estado, es con balas”, asegura una fuente judicial.
En este marco, a las crítica de la oposición al Servicio Penitenciario provincial, se suma la voz de Roberto Mirabella, diputado nacional por Santa Fe y de estrecha relación con el gobernador Perotti, que cuestionó con fuerza lo que pasa en las cárceles que dependen de Nación. Lo hizo esta semana en el recinto del Congreso, donde además criticó la falta de voluntad de los legisladores para avanzar con las reformas y nombramientos de la Justicia Federal.
Respecto a María Laura Garrigós de Rébori, la responsable del Servicio Penitenciario Federal, Mirabella planteó: “Más del 95% de los ataques, balaceras y homicidios se ordenan desde la cárcel. Todos los jefes de las bandas están presos. Alvarado y Ungaro compartían pabellón. No me quedo con la declaración, le he pedido una reunión. Y si es necesario, le solicitaremos su renuncia”.
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