El fiscal José Luis Caterina explicó este martes, en el primer día de la audiencia por corrupción policial vinculada al combustible de los patrulleros, que la denuncia con la que se abrió la causa llegó en julio del año pasado con una carta anónima enviada por Correo Argentino llegó al MPA. Además, detalló cómo se daban las maniobras que le permitieron a un grupo de jefes de la fuerza quedarse con unos 40 millones de pesos mensuales.
Según Caterina, pocas semanas después de la denuncia inicial el MPA ya había logrado detectar que había varios vehículos policiales que habían sido sacados de circulación que en las planillas aparecían cargando combustible. “Había 85 Fiat Chronos que no se movían de la Jefatura que facturaban nafta como si hubieran circulado“, detalló el fiscal.
En el esquema que presentó la investigación, quien ocupaba un rol destacado era el comisario Rodrigo Domínguez -secretario privado del desplazado Jefe de la URII, Daniel Acosta, hasta el momento de su detención la semana pasada-, a quien le encontraron 25 millones de pesos en facos de billetes cuando fue allanado. “Excediendo sus funciones específicas, seguía permanentemente el devenir de GARAGE, entrevistándose por lo general con una periodicidad quincenal con Ramírez y efectuando gestiones para la obtención de partidas excepcionales”, planteó la imputación.
La referencia “Garage” es para el área que debía administrar el pago del combustible para los patrulleros de Rosario, que recibía casi 400 millones de pesos por mes: un 15 por ciento de ese dinero que pagaba la provincia era por cargas fantasmas de combustible, para autos que no circulaban.
En noviembre pasado, por ejemplo, Asuntos Internos ya estaba trabajando en la investigación junto al fiscal Caterina. Y decidió hacer una intervención secreta sobre una camioneta policial, a la que le pusieron un GPS sin que se enteren los agentes. En los primeros veinte días de noviembre, en los que la Amarok no salió del predio de Jefatura, cargó más de un millón de pesos de combustible.
En este punto, a los presentes en la audiencia les surgió un interrogante: ¿Por qué si a fines del año pasado ya había evidencia de una maniobra para desviar cuantiosos fondos del erario público recién en abril se hicieron los allanamientos y se corrió al jefe Acosta de su cargo?
La pata civil de la causa
Entre los 17 imputados, cabe recordar, hay cuatro que no son policías. Es que el desvío de fondos públicos no hubiera sido posible sin la participación de los estacioneros, que se encargaban de hacer los pagos en forma quincenal a los jefes policiales que iban en forma personal a buscar sobres con plata por nafta que nunca se había cargado. En fotografías que mostró el fiscal en la audiencia, varios de ellos quedaron registrados -casi siempre de civil- retirando el dinero en la Puma de Ovidio Lagos al 3900.
De acuerdo a lo que se conoció también hoy en el CJP, en noviembre pasado el área de Asuntos Internos había ordenado una auditoría por este tema. “Eso causó mucho revuelo”, detalló el fiscal Caterina. No obstante, por lo que mostró en la audiencia, las maniobras y los ilícitos continuaron hasta el propio día de los allanamientos, la semana pasada.
Otro dato que se ventiló durante la audiencia en Sala 7 fue que en febrero de este año, tras una denuncia por este tema que hizo la abogada Norma Acosta en un vivo de Facebook, varios de los imputados comenzaron a cuidarse más en las conversaciones por teléfono, tal como describió el fiscal. Poco después, se presentó en el MPA un escrito anónimo con detalles de las maniobras con el combustible, con nombres que en parte coincidieron con los de la investigación.
Vale la pena recordar que dos días más tarde de los allanamientos en abril se produjo una balacera en la puerta de la casa en el barrio Tablada de la abogada Norma Acosta y allí la mujer en diálogo con la prensa mostró el texto que había llegado sin firma a la justicia. “Lo presenté yo. Y por eso me atacaron”, dijo.
En la primera jornada, la Fiscalía formalizó su imputación ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu. El trámite judicial continuará este miércoles, con la palabra de los abogados defensores. Los 17 imputados (13 policías y 4 civiles) llegaron a la audiencia detenidos y participaron por Zoom.
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