La Ordenanza Antilavados en Rosario está próxima a ver la luz. En la jornada de hoy el proyecto unificado del oficialismo y la oposición será aprobado en la Comisión de Gobierno y esperará ser aprobado mañana en la sesión del Concejo.
Luego de más de tres meses de debates internos entre las distintas bancadas, el texto final al que llegaron entre los ediles buscará el cruzamiento de los datos que tiene el Municipio con el universo de personas vinculadas o mencionadas a causas de delitos complejos del Ministerio Público de la Acusación.
En ese marco, el concejal de Juntos por el Cambio Martín Rosúa, uno de los impulsores de la medida, destacó en diálogo con Nacho Russo que “el proyecto toma una situación fáctica muy complicada, que es que Rosario se encuentra en una crisis de violencia urbana muy grande, donde el 70% de los homicidios son planificados”. Por ese motivo, explicó, se conoce que “detrás hay organizaciones criminales con poder económico y logística” que para frenarlas “hay que pegarles a la estructura que las mantiene”.
“El municipio tiene información sistematizada y digitalizada sobre inmuebles, habilitaciones, actividades económicas, etc., y esta se puede cruzar con un universo de personas que nos brinde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que esté vinculada a la narcocriminalidad. Al hacerlo, vamos a tener un triangulo con gente que tenga bienes en su propiedad de mucho valor y no tenga una actividad económica lícita demostrada”, desarrolló Rosúa en Todo Pasa de Radio Boing.
El concejal apuntó que la ordenanza tiene 2 partes, de las cuales una se basa en el ya existente control formal sobre la inversiones por parte del Municipio, al que “se le agregará un protocolo de actuación sobre actividades sospechosas”. “Cuando hay determinadas conductas que la Municipalidad detecta, donde hay una disociación muy importante entre lo registrado como actividad comercial y los bienes, o si cambia permanentemente de sociedades, se dispara una alerta”, dijo.
Rosúa expresó que “cada vez que se deba presentar una gran inversión a realizar en la ciudad, el Municipio pide el origen de los fondos” y que “el avance importante que le damos con la nueva ordenanza es focalizar sobre un universo de personas sospechadas o mencionadas en causas de narcocriminalidad y hacer un mapeo con los datos de la Municipalidad para saber si tienen autos, departamentos, inversiones, etc”.
Asimismo, el concejal señaló que con la nueva ordenanza “nos evitaremos Esperanto y el delito violento”. Por otro lado, ejemplificó con el “narcocasamiento de Ibarlucea”, donde “las personas asesinadas estaban mencionadas en una causa, manejaban un auto de 75 mil dólares y no tenían actividades económicas declaradas”.
“Están determinadas las actividades donde se lava dinero, como la hotelería, los gimnasios, etc. Son actividades con flujos importantes de dinero y dificultad para controlar la cantidad de personas que van. No quiero estigmatizar rubros, sino ir sobre aquellas personas que están vinculados a la narcocriminalidad, que no tienen actividades declaradas y tienen bienes a su nombre” concluyó.
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