En medio de la polémica desatada en torno a la decisión del Gobierno nacional, de aplazar la implementación de cambios en el mecanismo de medición de la variación de precios al consumidor que realiza el INDEC -lo que derivó en la salida de Marco Lavagna del organismo- el Ministro de Economía de la Nación reconoció en un programa de televisión que nunca compró ropa en Argentina porque “era un robo”.
Independientemente de la valoración personal que puede realizarse en relación a los términos y las calificaciones empleadas e incluso, considerando que el autor del comentario es quien lidera la política económica y monetaria del gobierno nacional, lo cierto es que reabre un debate largamente sostenido (e irresuelto) en nuestro país. Mientras el industrial se queja de las cargas impositivas que arrecian el sector, el consumidor tiene una oferta local a precios exorbitantes que prácticamente lo empujan a bucear en las opciones de compra en el exterior, habilitadas desde la gestión libertaria.
Los datos estadísticos hablan por sí solos. Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei y a partir de la implementación de las nuevas políticas para compras al exterior, entre la que se destaca el levantamiento de las restricciones para la adquisición de indumentaria, el sector de la industria textil profundizó su crisis contabilizando tristemente, la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo y el cierre de -al menos- 500 empresas.
Desenlace producto de una combinación de factores, que incluye no sólo la saturación del mercado por prendas importadas, sino asimismo una retracción general del consumo que lógicamente impacta con mayor agudeza en un rubro como la indumentaria, que no es de primera necesidad.
Del otro lado, los consumidores; que durante años y a partir de políticas y barreras arancelarias implementadas en los gobiernos kirchneristas se encontraron prisioneros de un mercado caro, de oferta reducida y en muchos casos, excluyente para cuerpos no hegemónicos que no caben en un “talle único”, como si se pudiera armar una plantilla de un cuerpo modelo en el que todos deben entrar.
AnyBody Argentina es una organización civil y activista por la diversidad corporal que trabaja en el país desde el año 2011, y además de impulsar la Ley de Talles a nivel nacional realiza encuestas anuales para medir el nivel de satisfacción del consumidor argentino al momento de comprar ropa.
Los resultados 2024 hablan por sí solos. De un universo medido de más de 5000 personas de entre 18 y 65 años, el 54% afirmó que siempre y frecuentemente tiene dificultades para encontrar talle; mientras que el 64,6% reconoce que en la mayoría de los casos, las prendas que desearía comprar son “talle único”. Además, el 53% de los encuestados revela que para encontrar talle debe gastar más dinero (para consultar resultados completos: https://anybodyargentina.org/encuestas/).
Vestirse de la forma que cada uno desee para poder construir identidad y expresar individualidad no debería ser una tarea ardua, ni más costosa como una sanción extra por no responder a los cánones de belleza impuestos por una sociedad obsesionada con la delgadez.
Centrar la discusión exclusivamente en el mensajero, es una postura reduccionista. La industria textil argentina está en crisis hace mucho tiempo; las políticas actuales hicieron caer el velo y dejaron al descubierto a un consumidor insatisfecho y rehén, que ahora, debe reconquistar compitiendo bajo condiciones hostiles y probablemente desventajosas. En medio, el Estado Nacional que tendrá a su cargo el equilibrio de la balanza para que ambas partes puedan ejercer sus derechos libremente.
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