
Luego de las tensiones y acusaciones cruzadas que tuvieron lugar ante las iniciativas que los gobernadores presionaron para votar en el Senado, el Gobierno convocó para este lunes a la segunda reunión del Consejo de Mayo, que contó con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, con miras a avanzar en una reforma laboral, uno de los puntos claves del pacto firmado por Javier Milei con los mandatarios provinciales.
El cónclave, que se llevó a cabo por algo más de dos horas a partir de las 9, en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior -mismo espacio donde el organismo tuvo su primer encuentro, el pasado 24 de junio- tuvo como objetivo profundizar el debate sobre una serie de propuestas legislativas que el oficialismo pretende llevar al Congreso luego de las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre.
En este marco, el debate se basa en la plataforma que rubricaron 18 gobernadores el 9 de julio de 2024 y que incluye, entre otras iniciativas, transformaciones previsionales, tributarias y políticas. La presencia de Cordero brindó indicios de que se habrían tratado aspectos ligados a los cambios en materia laboral, precisamente el punto ocho de la nómina de 10 ítems a los que adhirieron 18 gobernadores y el Poder Ejecutivo.
Al finalizar el encuentro, el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, el único interlocutor designado, evitó revelar detalles, pero recordó a la prensa: “La síntesis va a salir el 15 de diciembre. Los temas que estamos abordando son los que ya están acordados en el Pacto de Mayo”.
“Vamos avanzando en cada uno de los temas y a veces vienen especialistas. Cada reunioncita es la disparadora, donde seguimos trabajando durante el mes que nos vemos acá, con asesores, con otros diputados, con otros proyectos”, detalló desde el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.
Asimismo, confirmó que la próxima reunión tendrá lugar el miércoles 20 de agosto, y que a fin de año se dará a conocer oficialmente el resultado de los debates dados.
Los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT) brindaron su mirada sobre la reforma laboral ante el secretario de la cartera. El Gobierno nacional apuesta a ella para avanzar en una mayor formalidad, de acuerdo con el relato de Ritondo a periodistas.
No obstante, remarcó que se trata de “todos los disparadores que están en el pacto” y que “no va a haber mucha información” más de la cita porque “la idea es trabajar y el 15 (de diciembre) hacer una presentación formal“.
Además de Cordero, por el oficialismo participan de la reunión, tal como en junio en la primera, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien adelantó que la idea es establecer un sistema “moderno” que resuelva la informalidad laboral.
En tanto, la representación de los mandatarios provinciales la encarnó una vez más Alfredo Cornejo (Mendoza); mientras que Carolina Losada asistió en representación del Senado; Ritondo, por la Cámara de Diputados; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, por el sindicalismo; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, para aportar la mirada del empresariado.
Cabe destacar que los gobernadores que firmaron el Pacto fueron, junto a Cornejo, Jorge Macri (Ciudad), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
La tensión de las últimas semanas tuvo su punto cúlmine el jueves 11 de julio último, cuando se aprobaron en el Senado y se giraron a Diputados iniciativas contrarias a los intereses fiscales del oficialismo. En particular, los gobernadores presionaron para el voto favorable a los proyectos de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. La Casa Rosada se mostró en contra de ambos, al considerar que romperían el equilibrio fiscal.
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