La discusión por la regulación de las aplicaciones de movilidad volvió a quedar sin definiciones en el Concejo Municipal de Rosario. Este jueves, una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno buscó reunir los consensos necesarios para avanzar con el proyecto del Ejecutivo municipal, que propone establecer un nuevo marco regulatorio para plataformas como Uber y DiDi. Sin embargo, el encuentro terminó sin las firmas necesarias para emitir un dictamen.
La falta de acuerdo volvió a poner en evidencia las diferencias políticas y técnicas que atraviesan el debate sobre una actividad que ya forma parte de la movilidad cotidiana de la ciudad, pero que todavía espera una definición normativa que establezca las condiciones para su funcionamiento.
En las afueras del Palacio Vasallo, representantes de las cámaras de propietarios de taxis y trabajadores del sector se manifestaron en rechazo a la iniciativa. Dentro del recinto, en tanto, los concejales intentaron acercar posiciones sobre una propuesta que genera discusiones en torno al alcance de los controles estatales, las condiciones de trabajo de los conductores y la convivencia con el sistema tradicional de transporte.
Un dictamen trabado por las diferencias entre las comisiones
El encuentro contó con la presencia de la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y fue conducido por Fabrizio Fiatti, titular de la comisión de Gobierno, y Anahí Schibelbein, presidenta de Servicios Públicos. También participaron los concejales Pino, Gavira, Sciutto, Manuel, Salinas, Romero y Gigliani, entre otros, mientras que representantes de La Libertad Avanza se sumaron una vez iniciada la reunión.
La dificultad para avanzar no se explica solamente por las diferencias de fondo entre los bloques. El proyecto debe atravesar dos comisiones con composiciones políticas distintas: mientras el oficialismo cuenta con mayoría para dictaminar en Servicios Públicos, la correlación de fuerzas en Gobierno no le permite reunir por sí solo las firmas necesarias.
Ese escenario convirtió la reunión conjunta en una instancia clave para intentar destrabar el expediente. No obstante, pese a más de una hora de intercambio, las posiciones no terminaron de confluir en un texto que pudiera avanzar.
Desde el oficialismo, Fiatti insistió en la necesidad de trabajar sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo y la propuesta de La Libertad Avanza, con el objetivo de discutir sus disposiciones punto por punto. La intención era encontrar una base común que permitiera avanzar en una regulación para las plataformas, aunque las diferencias sobre el contenido y el alcance de la norma continuaron condicionando las negociaciones.
Los controles estatales, las tarifas y las multas, en el centro del debate
La iniciativa municipal busca establecer condiciones para el funcionamiento de los servicios de intermediación de viajes y someterlos a mayores controles. Según se explicó durante la discusión, el objetivo es identificar a quienes conducen, verificar las coberturas de los vehículos y controlar su estado técnico, además de resguardar el sistema público de taxis.
Sin embargo, el alcance de esa intervención estatal es uno de los principales puntos de desacuerdo. La Libertad Avanza cuestionó el esquema de sanciones y rechazó la posibilidad de reemplazar las multas a los conductores por una nueva tasa. Desde ese espacio sostienen que la propuesta no simplifica el funcionamiento de la actividad, sino que introduce otra vía de recaudación.
Otro de los aspectos objetados es la tarifa mínima que contempla la iniciativa. Para el bloque libertario, establecer un piso tarifario supone intervenir en un mercado que debería regirse por la oferta y la demanda.
La postura de ese sector apunta a habilitar la actividad con menos restricciones, facilitar la elección de los usuarios y permitir que los conductores trabajen sin sumar nuevas cargas administrativas. En esa línea, también cuestionaron la exclusión de Uber Moto y otras modalidades de transporte en motocicleta, al considerar que limita las posibilidades de generar ingresos mediante esas aplicaciones.
Además, plantearon la conveniencia de impulsar una ordenanza nueva, en lugar de modificar la normativa de 2023, y rechazaron que la actividad quede encuadrada dentro del sistema de transporte público. Desde su perspectiva, se trata de una transacción entre privados que no debería quedar sujeta a una regulación excesiva.
El peronismo, dispuesto a discutir, pero con objeciones
El bloque peronista mantuvo su oposición al proyecto, aunque mostró predisposición a debatirlo y realizar aportes para modificar distintos aspectos de la propuesta. Esa disposición abrió una instancia de negociación, pero no alcanzó para reunir los respaldos necesarios para avanzar.
Uno de los puntos en los que hubo avances estuvo vinculado con el servicio de reparto mediante aplicaciones. La presión del sindicato de cadetes fue escuchada durante las conversaciones y derivó en mejoras en el artículo que contempla la posibilidad de que los conductores de estas plataformas también realicen tareas de delivery.
El tema expuso las dificultades para compatibilizar los distintos intereses que conviven alrededor de la regulación: desde los trabajadores y las empresas de taxis hasta los conductores de aplicaciones y quienes utilizan esos servicios para trasladarse o generar ingresos.
Mientras tanto, el oficialismo busca sostener el esquema regulatorio propuesto por el Ejecutivo y conseguir las modificaciones necesarias para reunir apoyos. La discusión, sin embargo, sigue abierta y todavía no encontró una fórmula que permita superar las diferencias entre los bloques.
La movilidad de Rosario, otra vez en discusión
Durante el encuentro, el concejal de Ciudad Futura Salinas aprovechó el debate para cuestionar el enfoque de la discusión. Sostuvo que el problema de fondo no son Uber ni DiDi, sino la situación general de la movilidad en Rosario, y apuntó a la falta de gestión del Ejecutivo municipal.
La intervención volvió a trasladar la discusión más allá de las aplicaciones y puso sobre la mesa una cuestión más amplia: cómo organizar los desplazamientos en la ciudad, qué lugar deben ocupar las nuevas plataformas y de qué manera se articulan con los servicios tradicionales.
En ese escenario, Schmuck no descartó que el debate continúe y expresó la voluntad de incorporar los planteos que surjan durante el tratamiento. La posibilidad de introducir modificaciones mantiene abierta la negociación, aunque el encuentro de este jueves dejó en claro que todavía persisten diferencias importantes.
Una regulación pendiente
La reunión conjunta terminó sin el consenso necesario para avanzar con el dictamen, en la antesala de una nueva sesión del Concejo. El resultado volvió a postergar una definición sobre el marco normativo que el Ejecutivo busca establecer para las aplicaciones de movilidad.
La discusión no se limita a resolver si las plataformas deben funcionar bajo determinadas reglas, sino que también involucra el alcance de los controles, las condiciones económicas de la actividad, los derechos de los trabajadores y la relación con el sistema de taxis.
Mientras las posiciones políticas continúan en negociación, Uber y DiDi ya forman parte de las alternativas de traslado disponibles en Rosario. El desafío para el Concejo será transformar esa realidad en una regulación que contemple los intereses en juego y establezca reglas claras para conductores, usuarios y prestadores tradicionales.
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