El anestesiólogo Javier Atencio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a siete años y seis meses de inhabilitación para ejercer la medicina por la muerte de Valentín Mercado Toledo, un nene de 4 años que falleció tras una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, en la provincia de Río Negro. El hecho ocurrió el 11 de julio de 2024 y fue calificado por la Justicia como un homicidio culposo derivado de mala praxis médica.
La sentencia fue dada a conocer este martes al mediodía por el juez Emilio Stadler, luego del juicio de cesura iniciado una semana atrás. Además de la condena condicional, que implica que el médico no irá a la cárcel, Krause deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas presentarse mensualmente ante la Justicia y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Valentín había ingresado al sanatorio para una cirugía por una hernia diafragmática que, según los médicos, no revestía complejidad. “Valentín entró caminando al sanatorio y salió con muerte cerebral”, repiten desde entonces familiares y allegados. Durante la intervención, el niño sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica, una grave lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno y flujo sanguíneo al cerebro. Una semana después fue diagnosticado con muerte cerebral.
Según se probó en el juicio, durante al menos diez minutos no hubo registros de presión arterial ni de oxigenación en los monitores multiparamétricos. En ese lapso crítico, el anestesiólogo se distrajo con su teléfono celular, no advirtió una obstrucción del tubo endotraqueal y, además, abandonó el quirófano para buscar el cargador del dispositivo.
El fiscal Gastón Britos Rubiolo fue contundente en su alegato: “El médico anestesiólogo imputado, por su impericia, negligencia y por no tomar en cuenta la rigurosidad debida que indica el protocolo de actuación, causó la muerte de Valentín”.
De acuerdo con el expediente judicial, a las 10.50 del 11 de julio se registró un período anormal de al menos diez minutos sin controles básicos, lo que derivó en una taquicardia severa y una hipoxia prolongada. “Solo tenía que mirar el aparato que monitoreaba al paciente o con solo observar al pequeño podría haber detectado lo que sucedía”, subrayó el fiscal, quien también mencionó como agravante la falta de reacción del profesional.
Durante ese lapso, debieron ser convocados de urgencia otros tres anestesiólogos y una cirujana pediátrica para intentar revertir la situación, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos. Valentín fue trasladado a terapia intensiva, sedado y conectado a respirador.
Mientras tanto, sus padres, Ariana Toledo y Daniel Mercado, aguardaban en la sala de espera sin información clara. Según relató el abogado de la familia, Miguel Ángel Zeballos Díaz, lo que siguió fue una semana de “incertidumbre” y lo que una psicóloga calificó durante el juicio como una “estafa emocional”.
“Durante esos días hubo estudios y médicos que les decían que todo estaba bien, que había que esperar la evolución. Pero sabían lo que había pasado en el quirófano. Fueron siete días de incertidumbre y un trato muy cruel”, explicó Zeballos Díaz. Y agregó: “Ariana pasó un momento que, como padre, nunca quiero pasar en la vida: con su hijo en brazos escuchó ‘mami, lo vamos a desconectar’”.
Tras la cirugía, Valentín comenzó a convulsionar, presentó fiebre y fue diagnosticado con diabetes insípida. Recién días después, los padres supieron que esos síntomas eran compatibles con muerte cerebral. Finalmente, los médicos confirmaron que no había posibilidades de recuperación y la familia accedió a la desconexión.
La denuncia fue radicada el 18 de julio de 2024, luego de que Ariana descubriera, al pedir un certificado médico para su trabajo, que el documento consignaba “muerte encefálica”. Tras múltiples evasivas, logró reconstruir lo ocurrido y conocer el nombre del anestesiólogo a cargo.
Durante el juicio, el cirujano pediátrico Fernando Cordero había señalado que se trataba de una intervención breve, estimada en una hora u hora y media. Valentín no tenía patologías previas y la clínica contaba con el equipamiento necesario para una cirugía segura, aunque se comprobó que en el quirófano no había desfibrilador ni controles clínicos adecuados.
La querella, representada por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Zeballos Díaz, había solicitado una condena de tres años de prisión y diez años de inhabilitación, al igual que el Ministerio Público Fiscal. La defensa, en cambio, pidió el mínimo de la pena y que la inhabilitación se limitara solo al ámbito de la medicina pediátrica.
Finalmente, el juez Stadler resolvió una pena intermedia y la familia manifestó estar conforme con el fallo. La causa expuso una cadena de negligencias y una distracción fatal que, según la Justicia, terminaron con la vida de un nene que había ingresado sano a una cirugía programada.
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