
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Martina Oliva a 7 años de prisión y a su pareja Joaquín Tolaba a 10 años, tras encontrarlos responsables de transportar 15 kilos de marihuana desde la frontera norte de la provincia hasta la capital de Salta en febrero de 2025.
El fallo, que generó gran repercusión por el perfil público de la modelo, también ordenó el decomiso de una camioneta Toyota Hilux, considerada una pieza clave en la logística utilizada para trasladar la droga.
La sentencia fue dictada por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek, quienes condenaron a ambos acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas.
Mientras Tolaba deberá cumplir la pena con prisión efectiva, Oliva continuará con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.
Durante el juicio, la defensa de Oliva intentó sostener que la joven había sido influenciada por su relación sentimental con Tolaba, buscando reducir su responsabilidad en el delito.
Sin embargo, el fiscal Eduardo Villalba rechazó ese planteo. “Eran socios del negocio”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal durante el debate.
Las juezas coincidieron con esa postura. En su voto, la magistrada Cataldi cuestionó ese argumento. “El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos”, afirmó.
Además, agregó: “Reducir el comportamiento de la mujer a un acto realizado por amor es propio de una sociedad patriarcal, machista y despreocupada. Este argumento es propio de una novela, pero desconoce el empoderamiento de la mujer que ha venido sucediendo durante los últimos años”.
Viajes reiterados y pagos millonarios
Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó audios, chats y registros bancarios que vincularon a la pareja con una estructura de tráfico de drogas.
Según la investigación, Tolaba y Oliva realizaron al menos siete viajes juntos entre la ciudad fronteriza de San Ramón de la Nueva Orán y la capital provincial. Un análisis criminal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó además 31 viajes realizados por Tolaba en ese mismo trayecto.
Las pruebas financieras también resultaron clave. De acuerdo con el expediente, el revendedor José Burgos llegó a transferirle a Oliva 6 millones de pesos en una sola operación, registrada el 31 de enero de 2025, fecha que coincidía con uno de los traslados de droga.
Los chats entre Tolaba y Burgos también mostraron cómo coordinaban la entrega. En los mensajes, el comprador preguntaba si estaban cerca para abrir el portón y descargar la carga.
Cómo evitaban los controles
La investigación reveló que la organización utilizaba rutas alternativas para evitar controles policiales, especialmente la ruta provincial 1, un camino más largo, sin iluminación y con escasa presencia de fuerzas de seguridad.
El operativo que permitió desarticular la banda fue realizado el 5 de febrero de 2025 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Durante el procedimiento, uno de los vehículos utilizados —un Citroën C3— intentó escapar a más de 180 kilómetros por hora, mientras los ocupantes arrojaban paquetes de marihuana por la ventanilla, que luego fueron recuperados por los agentes.
Según la fiscalía, la Toyota Hilux en la que viajaban Tolaba y Oliva funcionaba como “barredora”, es decir, un vehículo que iba adelante para avisar si el camino estaba libre de controles. Otros miembros de la organización —entre ellos Ángela Cuenca, Benjamín Delgado, Juan Romero y Roberto Leiton— ya habían sido condenados previamente tras admitir su participación en la red.
Otro punto clave del caso fue el posible lavado de dinero detectado en las comunicaciones del grupo.
En un chat citado durante el juicio, Tolaba le comentó a su madre que planeaba abrir una carnicería para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico. “Quedó demostrado en el debate que efectivamente se habla de la apertura de una carnicería, aunque la finalidad era lavar plata”, sostuvo la jueza Cataldi al fundamentar el fallo.
La fiscalía también remarcó la magnitud del cargamento incautado: los 15 kilos de marihuana secuestrados podían convertirse en más de 471.000 dosis destinadas al mercado ilegal, un dato que fue considerado para determinar la gravedad de la condena.
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