El Tribunal que llevó adelante el juicio por la causa del juego ilegal en Rosario dio a conocer este viernes su fallo condenatorio contra el exfiscal regional Patricio Serjal, al considerarlo organizador de una asociación ilícita destinada a garantizar la protección del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti. Según los jueces, existió un “pacto corrupto” entre funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el capitalista del juego ilegal. Además, los magistrados condenaron en primera instancia a Nelson Ugolini -empleado del MPA que filtraba información- y hablaron de una “pata política” que sirvió de protección al esquema de corrupción y del “daño institucional” que esta situación había producido.
La pena para Serjal es de 9 años de prisión con cumplimiento efectivo y para Ugolini 5 años, con la misma modalidad. Además, deberán pagar multas y tendrán inhabilitación para tener cargos en la función pública: Serjal de por vida y Ugolini por una década.
Durante la lectura del veredicto, el juez Nicolás Foppiani señaló que Serjal utilizaba al ahora ex fiscal Gustavo Ponce Asahad para cobrar las coimas provenientes de Peiti. “El testimonio de Ponce Asahad fue clave”, afirmó el magistrado, y recordó una de las escenas más comentadas del juicio: “Serjal se ponía el dinero de la coima en sus medias, oculto bajo una gorra y lentes negros”. Aunque la defensa cuestionó la validez de ese relato, el Tribunal lo consideró como una prueba válida. Hacía referencia a un encuentro entre los dos hombres que entonces eran funcionarios del MPA en un bar céntrico de Rosario, en el que habrían compartido lo que se recaudaba para proteger judicialmente al juego ilegal.
La lectura del fallo duró poco más de una hora. Quien inicialmente tomó la palabra fue Foppiani, que adelantó que habría una sentencia condenatoria desde el comienzo de su alocución. Luego hablarían también Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, los otros integrantes del Tribunal de primera instancia. A la hora de enumerar la evidencia que consideraron valiosa, los jueves hablaron de un encuentro entre Ponce Asahad y el abogado de Peiti, Rossini, en una cochera del barrio rosarino de Pichincha, frente a un restaurante. Ese cruce quedó registrado en las cámaras de seguridad del garage y formó parte del plexo probatorio que reunieron en la primera etapa de la investigación los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Daño institucional
En la Sala del Centro de Justicia Penal en la que se leyó el fallo estaban presentes el fiscal regional Matías Merlo, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la diputada provincial Lionela Cattalini, que escuchaban con rostros adustos el momento en el que los jueces hablaban del “daño institucional” causado por la conducta de Serjal.
Para el Tribunal, Serjal no fue un mero partícipe, sino que garantizó la cobertura del negocio ilegal de Peiti: “Cuando había fiscales que lo investigaban, el propio jefe de fiscales de Rosario resolvía centrar todas las causas en una sola fiscalía, en manos de Ponce Asahad”, detalló Foppiani. En ese punto citó una causa que había abierto en 2019 el entonces fiscal de Melincué, Matías Merlo, por los garitos ilegales que tenía Peiti. Cuando Serjal se enteró, ordenó dejarle esa investigación a Ponce, que confesaría más tarde haber cobrado “entre 4 y 5 mil dólares varias veces” para proteger a quien debía investigar.
Entre las pruebas destacadas por los jueces, se mencionó un viaje de Serjal a Buenos Aires con noche en el hotel L’Etoile. El entonces jefe de fiscales esa vez había ido a CABA en un auto oficial del MPA, con fondos públicos. Esa misma vez -de acuerdo a lo que demostró la investigación- Peiti y Serjal coincidieron en el mismo alojamiento: el dato surgía del impacto de antenas de ambos. En el relato del capitalista de juego ilegal, él viajó a ver al jefe de los fiscales para poder confirmar en una charla mano a mano que la plata que estaba poniendo como soborno le llegaba a él y no se quedaba en el camino. “Esto confirma la vinculación directa”, dijeron hoy los jueces.
Desde la defensa de Peiti, los abogados Renzo Viga e Ignacio Carbone habían dicho durante las audiencias del juicio -que duró casi dos meses- que el hecho de haber coincidido en un mismo hotel no garantizaba en sí mismo que hubiera un pacto de corrupción. La teoría de ambos letrados fue que Ponce Asahad le había hecho “una cama” a Serjal, al mandar al capitalista del juego a Buenos Aires al hotel en el que él sabía que estaría su jefe Serjal, para “dejarlo pegado” por la cercanía de las antenas.
Los jueces no validaron esa teoría del caso y rechazaron que hubiese existido “una persecución política” contra Serjal, que fue lo que intentó consolidar la defensa del que fuera jefe de ficales en Rosario hasta mediados de 2020. Además, el Tribunal consideró que la eliminación de datos en el teléfono de Serjal entre julio y agosto de aquel fatídico año 2020 demuestra “una clara voluntad de borrar evidencia”.
Respecto al otro acusado, Nelson Ugolini, los jueces sostuvieron que “filtró información en forma sistemática a Leonardo Peiti”, incluyendo datos sobre la suerte que habían corrido dos hombres que fueron detenidos tras haber fallado en la intención de atentar contra el City Center en enero de 2020. Aquellos eran dos gatilleros de la banda Los Monos, que debían llevar un auto con explosivos a la playa de estacionamiento subterránea del casino rosarino. Pero los detuvieron antes de concretar la maniobra, porque el auto en el que circulaban por la zona sur de Rosario estaba “flojo de papeles”.
Dos días después, el atentado igualmente se iba a concretar pero con un nuevo formato: sicarios en moto disparaban contra la fachada del casino y producían la muerte de Enrique Encino, un apostador que era el gerente de una sucursal del BNA de Las Parejas y casualmente había salido a fumar. En el medio entre la idea de los explosivos y los tiros, Peiti había llamado a Ugolini para preguntar por los dos detenidos. Y esos mensajes de Whatsapp iban a quedar registrados en el teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz, un puntero de la banda Los Monos al que el MPA venía investigando. ¿Cómo se vincula un dato con el otro? Porque Leonardo Peiti venía siendo extorsionado por esa banda criminal rosarina y para “zafar” de las extorsiones le “hizo el favor” a los narcos de conseguir datos en Fiscalía, adonde ya tenía contactos.
Una respuesta reparadora
Volviendo a la lectura del fallo, luego de Foppiani tomó la palabra el juez Becerra, que remarcó la gravedad institucional del caso: “El daño al sistema de justicia es inconmensurable y exige una respuesta reparadora del orden republicano”. El magistrado también se refirió a los motivos que llevaron a los acusados a delinquir: “Serjal y Ugolini estaban lejos de toda situación de necesidad. Tenían un empleo público y bien remunerado. Actuaron con codicia. No había circunstancias que ameritaran su falta de apego a las normas”.
Finalmente, Becerra dio a conocer las penas: “A Serjal, 9 años de prisión, más multa e inhabilitación absoluta. A Ugolini, 5 años de prisión, multa e inhabilitación por 10 años”. En ambos casos, se indicó que la condena es de cumplimiento efectivo, marcando un nuevo capítulo para una de las causas más resonantes para la justicia santafesina, con un Tribunal de primera instancia condenando en fallo unánime a funcionarios judiciales por proteger una red delictiva. La importancia de esta causa y esta sentencia la marcó también la mencionada presencia en la sala de Matías Merlo, actual jefe de fiscales del MPA de Rosario y la fiscal general María Cecilia Vranicich, que brindó una conferencia de prensa al terminar la lectura del fallo, al que calificó de ejemplar: “Hay un antes y un después. Recientemente fuimos reconocidos como órgano extrapoder por los convencionales, y este es un momento histórico para el Ministerio Público de la Acusación”, le dijo a RedBoing.
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