La ejecución de Saleh Mohammadi, un atleta iraní de apenas 19 años y promesa de la lucha libre, generó una fuerte conmoción internacional y reavivó las denuncias contra el régimen de Irán por violaciones a los derechos humanos.
El joven fue ahorcado este jueves en la ciudad santa de Qom, junto a otros dos ciudadanos, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, todos detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se desataron en enero de este año.
Mohammadi integraba la selección juvenil de lucha libre de su país y había obtenido la medalla de bronce en la Copa Saitiev de Krasnoyarsk en 2024. Su proyección deportiva lo posicionaba como una de las grandes promesas con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Según informó la agencia judicial Mizan, los tres jóvenes fueron condenados por el delito de moharebeh —enemistad contra Dios—, una figura contemplada en la ley islámica que puede derivar en la pena de muerte. Además, las autoridades los acusaron de haber asesinado a dos agentes de seguridad durante las protestas del 8 de enero y de actuar en favor de Estados Unidos e Israel, cargos que fueron rechazados por organizaciones de derechos humanos.
Entidades como Amnistía Internacional y Iran Human Rights denunciaron que los acusados fueron sometidos a torturas para obtener confesiones forzadas y que enfrentaron procesos judiciales sin garantías. Según estas organizaciones, el tribunal los condenó a muerte en febrero tras un juicio exprés en el que no se aceptaron coartadas ni testigos presentados por la defensa.
En redes sociales, la ejecución provocó una ola de repudio. La activista iraní exiliada Masih Alinejad expresó: “Tenía toda la vida por delante”, mientras miles de usuarios replicaron el caso con el hashtag #SalehMohammadi.
El caso también reaviva antecedentes recientes de represalias contra deportistas en Irán. En 2020 fue ejecutado el luchador Navid Afkari, y en 2023 el campeón de karate Mohammad Mehdi Karami, ambos tras participar en protestas.
Las ejecuciones de Mohammadi y los otros dos jóvenes serían las primeras confirmadas directamente vinculadas a las manifestaciones de enero, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, según estimaciones independientes.
El hecho vuelve a poner en el centro de la escena internacional la situación de los derechos humanos en Irán y el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política.
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