El juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrígues Da Cruz, formalizó este jueves la investigación penal contra tres empleados de la sede central del Correo Argentino en Rosario, acusados de montar un servicio ilegal de entrega a domicilio de encomiendas internacionales sin control aduanero.
Según la imputación, las maniobras se realizaron al menos desde enero de 2023 y consistían en sustraer paquetes que llegaban desde Monte Grande para entregarlos directamente a los destinatarios, previo cobro de una tarifa que iba de 30 a 50 dólares por kilo, la mitad de los tributos oficiales.
Los imputados y las maniobras
La causa, llevada adelante por la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo con la intervención de las fiscales Soledad García y María Virginia Sosa, alcanza a siete personas.
Los principales señalados son:
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Hugo L. (cesanteado en abril de 2023), señalado como diseñador y coordinador del sistema.
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Eduardo C., jefe del Nodo Rosario, acusado de participar en el cobro de tarifas ilegales y de no ejercer control sobre sus subordinados.
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Maia L., con acceso directo a las sacas de encomiendas, encargada de cobrar y coordinar entregas.
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Juan Pablo A., colaborador directo de Maia L.
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Juan Pablo G., receptor de la mayoría de los paquetes en su domicilio de calle San Martín al 400, a nombre de distintos allegados.
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María Eugenia A., esposa de G., acusada como partícipe secundaria.
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Javier J., otro de los receptores habituales de encomiendas.
De acuerdo a la investigación, se habrían manipulado 486 encomiendas con un valor estimado de 155.000 dólares, principalmente juguetes coleccionables, discos, vinilos, insumos odontológicos y de estética.
Chats, transferencias y pruebas
Durante la audiencia, la fiscal García presentó mensajes de chats entre los imputados que daban cuenta de la logística, el cobro a los destinatarios, transferencias en pesos y dólares mediante billeteras virtuales y referencias a tarifas establecidas.
Incluso se mencionaron ganancias de 4.500 dólares para algunos de los empleados involucrados.
Medidas cautelares
El juez Da Cruz dispuso la prisión preventiva domiciliaria por 60 días para Hugo L., Eduardo C. y Maia L., al considerar la gravedad de los hechos y el rol de los funcionarios públicos en la maniobra.
Para Javier J. se fijó una caución real de 15.000 dólares, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Policía Federal. En tanto, Juan Pablo G. y María Eugenia A. continuarán en libertad, con obligación de fijar domicilio y prometer someterse al proceso.
En el caso de Juan Pablo A., su audiencia fue reprogramada ya que llegó tarde a la convocatoria judicial.
La Fiscalía advirtió que las maniobras podrían haber alcanzado hasta 5.000 encomiendas, lo que profundiza el perjuicio económico y el daño a la confianza pública en el sistema postal.
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