El contrabando es un problema histórico de la Argentina, pero determinar cuánto representa y si efectivamente aumentó o disminuyó resulta complejo. Así lo explicó Yanina Lojo, licenciada en Comercio Exterior, durante una entrevista con el equipo de Antes de Todo por Radio Boing.
La especialista planteó que es necesario separar dos discusiones: por un lado, la existencia del contrabando y, por otro, la posibilidad de medir con precisión su volumen.
“Estamos hablando de una actividad que de por sí busca no ser detectada”, señaló Lojo, y advirtió que la cantidad de procedimientos, decomisos o causas iniciadas no necesariamente representa el tamaño real del fenómeno.
En ese sentido, utilizó un ejemplo: si se duplican los controles y se encuentra el doble de mercadería ilegal, eso no significa necesariamente que el contrabando haya aumentado, sino que mejoró la capacidad de detectarlo.
“Si reducimos los controles en los locales, podemos pensar que hay menos contrabando, cuando en realidad tampoco es así”, explicó.
Qué productos ingresan de manera ilegal
Lojo recordó que históricamente el contrabando estuvo asociado a productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas, aunque actualmente también aparecen otros rubros, como indumentaria y electrónica.
Sin embargo, remarcó que tampoco resulta sencillo establecer qué porcentaje de cada actividad comercial corresponde efectivamente a mercadería ingresada ilegalmente.
Como antecedente, mencionó un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 2018, que había detectado 490 “saladitas”, más de 45.000 puestos y unos 79.000 manteros en 500 ciudades.
La especialista aclaró que no todo el comercio informal implica necesariamente contrabando.
El rol de los controles
Para Lojo, una de las claves está en combinar los controles en las fronteras con inspecciones posteriores en los establecimientos comerciales.
En determinados productos importados, explicó, los comprobantes deben incluir información vinculada con el ingreso de la mercadería al país. Mencionó como ejemplo el sector de autopartes, donde puede requerirse el número del despacho aduanero mediante el cual el producto fue nacionalizado.
De esta manera, los organismos de control pueden verificar el origen de la mercadería comercializada.
Una frontera difícil de controlar
Consultada sobre si el contrabando requiere necesariamente algún tipo de complicidad estatal, Lojo sostuvo que no siempre es así y señaló que también pueden existir limitaciones de recursos y dificultades geográficas.
“Tenemos una extensión enorme de frontera”, explicó.
La especialista destacó particularmente las características de las fronteras del norte argentino, donde existen amplias zonas de frontera seca y pasos de difícil fiscalización.
“Es mucho más sencillo controlar en el puerto de Buenos Aires, donde las cosas llegan de una determinada manera”, comparó.
La propuesta de CAME para el comercio fronterizo
Lojo también explicó una de las alternativas planteadas por CAME: crear un régimen de comercio vecinal de frontera que permita canalizar legalmente parte de los intercambios que actualmente pueden realizarse por fuera del circuito formal.
Según explicó, las diferencias de precios, impuestos y costos logísticos entre países vecinos generan incentivos para que los consumidores crucen las fronteras en busca de determinados productos.
La propuesta apunta a generar canales legales para ese intercambio sin eliminar los controles aduaneros, de modo de reducir los incentivos al comercio ilegal y evitar perjuicios fiscales.
Como ejemplo, recordó situaciones en las que argentinos cruzaban a países limítrofes para cargar combustible cuando existían grandes diferencias de precios.
“El contrabando existió siempre”
Finalmente, Lojo cuestionó que el problema del contrabando aparezca en la discusión pública como si fuera un fenómeno reciente.
“En la Argentina el contrabando existió siempre y es algo con lo que luchan constantemente todas las empresas”, sostuvo.
La especialista remarcó que para las compañías que cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras, el ingreso ilegal de mercadería representa una competencia desleal, además de generar un perjuicio para la recaudación del Estado.
Comentarios