La ocupación ilegal de propiedades tiene una larga historia en España y muchas veces está impulsada por el gran número de personas que no tienen acceso a una vivienda. Ahora, una turbia práctica hace las cosas todavía más complejas.
Los ocupantes ilegales han empezando a pedir un “rescate” a cambio de dejar una propiedad, lo que ha llevado al surgimiento de empresas privadas de desalojo, algunas de las cuales se valen de amenazas para lograr su objetivo.
La empresa #FueraOkupas comenzó a trabajar hace tres años y ahora recibe 150 llamadas al día, dice su director, Jorge Fe. El 75% son sobre inquilinos que no pagan su alquiler y 25% sobre ocupantes ilegales. Sus empleados son boxeadores y expertos en artes marciales, explica, hombres que no se dejan intimidar fácilmente por las personas a las que intentan desalojar.
Una vez que se acuerde los términos, la tarifa es de 3.500 euros (cerca de US$4.100) y se paga la mitad por adelantado, los “forzudos” visitan a los okupas para exhortarlos a retirarse de la propiedad de manera pacífica.
“Es normal que cuando llegamos los okupas intenten intimidarnos. Y no les fue bien. Nunca les va bien”, asegura Jorge Fe. “Así que tuvimos algo más que una conversación con ellos”. Fe no aclaró si hubo violencia. “Tratar con este tipo de personas es como un juego de niños para nosotros: tenemos campeones de lucha en nuestro equipo”, asevera.
El abogado inmobiliario Santi Ventalló dice que hay extorsión en el 1% o 2% de los casos que maneja de okupas, pero cree que se volverá un fenómeno común. “Creo que esto es okupación 2.0”, dice. Y la razón de esto es que los tribunales tardan mucho en actuar.
“El sistema legal no está funcionando, así que los propietarios están pagando a los ocupantes ilegales para que se vayan de inmediato. Es algo que también haría si tuviera tomados mi segunda casa o activos inmobiliarios. Les pagaría a los okupas para sacarlos”, dice el abogado. “Esta es una forma muy fácil de ganar dinero”, acotó
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