La Secretaría de Control municipal ya remitió al Corralón más de 500 vehículos en el marco de los operativos antipicadas de motos y autos que se llevan adelante en Rosario. Los procedimientos incluyen patrullajes, controles fijos y acciones preventivas en sectores donde suelen registrarse encuentros ilegales de vehículos.
“Hoy estamos dedicando muchos recursos a este tipo de intervenciones. Los cuales no solo se traducen en las remisiones, sino también en disuasiones e intentos de picadas que son desbaratadas. Este tipo de acciones son muy peligrosas y generan mucho riesgo en el entorno en que se realizan, es por eso que vamos a seguir siendo muy rigurosos”, señaló el secretario de Control municipal, Diego Herrera.
Según indicaron desde el municipio, los controles fueron reforzados a lo largo de toda la jornada en distintos puntos de la ciudad, con especial presencia en sectores donde existen mayores antecedentes de denuncias vecinales. Entre los lugares donde se intensificaron las intervenciones aparecen La Florida, Costa Alta, Bv. Oroño y Lamadrid, el Parque Héroes de Malvinas, el Circuito La Zapatilla, el Parque Scalabrini Ortiz, las Cuatro Plazas y Wilde y Calasanz.
En todos esos sectores se mantienen operativos permanentes de saturación y monitoreo, incluso con triples turnos durante fines de semana y vísperas de feriados. Durante este período se registraron 163 reclamos vinculados a maniobras peligrosas y ruidos molestos asociados a encuentros ilegales de motos y autos. A partir de esos reportes se diagramó el esquema intensivo de controles que derivó en la remisión de 514 vehículos al corralón.
Desde el municipio aclararon además que estas cifras incluyen los operativos conjuntos entre agentes municipales y la Policía de Santa Fe, pero no contemplan las actuaciones realizadas exclusivamente por personal policial.Por otra parte, en el corralón se ejecuta el decomiso de autopartes no homologadas utilizadas para aumentar potencia o velocidad, como escapes modificados y potenciadores. Los costos de extracción y desmantelamiento quedan a cargo del infractor. 
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