La Corte Suprema de Justicia de la Nación busca destrabar el conflicto judicial por la derogación de la Ley de Tierras y aceleró los plazos para avanzar con una definición sobre la validez del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno nacional.
El máximo tribunal designó a Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y a Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, como conjueces para intervenir en el caso, luego de que los tres integrantes de la Corte no lograran alcanzar una decisión unánime.
Además, los jueces resolvieron reducir a 24 horas el plazo para que quede consentida la integración del tribunal, en atención a las particularidades de la causa, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras
El expediente se inició a partir de una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la norma incluida en el DNU 70/2023 y solicitó que fuera declarada nula.
La organización sostiene que la derogación de la Ley de Tierras afecta la protección del medioambiente, el territorio y los recursos naturales, además de comprometer los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La presentación se realizó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se resolvió la cuestión de fondo.
Con la intervención de los conjueces, la Corte busca avanzar hacia una definición sobre la constitucionalidad de la disposición que eliminó las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.
Un antecedente reciente en la Corte Suprema
La discusión se produce luego de que el máximo tribunal rechazara un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
En ese caso, la Corte consideró que la entidad no contaba con legitimación para promover la acción y que no existía una controversia judicial que correspondiera resolver.
Ahora, el expediente impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie vuelve a poner bajo análisis judicial los alcances de la derogación de la Ley de Tierras y sus implicancias ambientales y territoriales.
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