En noviembre de 2021 el Concejo de Rosario dio luz verde al nuevo Código de Convivencia de la ciudad, en el cual se establecieron más de 340 artículos para “generar las condiciones y bases necesarias para garantizar una convivencia ciudadana pacífica, solidaria y multicultural, en el marco de la protección de los bienes comunes, los valores democráticos, la defensa de los derechos individuales y colectivos, y en el que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar en libertad sus actividades con pleno respeto a los intereses de la comunidad”.
En la misma línea, el documento establece que todas las personas tienen derecho a usar y disfrutar en libertad del ambiente, los espacios y bienes públicos de la ciudad sin discriminaciones de ningún tipo. “Este derecho se ejerce de manera compatible con los derechos de incidencia colectiva en forma responsable y solidaria, sobre la base del cuidado del espacio público, el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad reconocidos como derechos a las demás personas y con las demás restricciones previstas en la normativa vigente”, remarca.
Por ese motivo, el artículo 300 determina: “La persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos y/o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 UF y/o con la realización de tareas educativas y concientizadoras”.
Sin embargo, este aún no entró en aplicación, ya que el ejecutivo cuenta con hasta 180 días para realizarlo. Charly Cardozo, concejal por Juntos por el Cambio, destacó en diálogo con RedBoing: “Le estamos pidiendo a la Municipalidad que arme el protocolo para poner en marcha a la brevedad el nuevo Código de Convivencia para que puedan actuar tanto la Dirección de Proximidad (ex GUM) como Control Urbano, con asistencia por supuesto de la Policía provincial y de las Fuerzas Federales para impedir lo que está sucediendo en estos momentos en Rosario”.
“Nos parece tremendo que los gerentes de la pobreza sigan utilizando como rehenes a las personas que cobran planes gestionados por ellos. Nos consta porque lo vivimos en los barrios cuando charlamos con la gente. Nos cuentan que los obligan a ir a los piquetes bajo amenazas de perder los planes sociales. Es indigno. Hay que transformarlos en trabajo. Progresivamente tienen que desaparecer, primero en incentivos y luego en puestos fijos”, concluyó el edil.
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