La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay quedó nuevamente bajo la lupa judicial tras un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que detectó presuntas irregularidades en el proceso impulsado por el Gobierno nacional para concesionar la Vía Navegable Troncal. El informe fue presentado ante la Fiscalía Federal N°9 y advierte que algunas de las decisiones adoptadas podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
Entre los principales cuestionamientos, la PIA señaló una “grave vulneración” del principio de transparencia por la falta de parámetros objetivos para evaluar las ofertas técnicas. Según el organismo, esa situación deja un margen excesivo de discrecionalidad a la comisión evaluadora y abre la puerta a que los criterios puedan modificarse de manera subjetiva una vez abiertos los sobres, afectando la competencia entre oferentes.
El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, también puso el foco en otros aspectos del proceso, como las limitaciones para que empresas participen bajo el esquema de Uniones Transitorias (UTE), cláusulas que facilitarían una eventual cesión del contrato a terceros y observaciones vinculadas al acceso a la información ambiental durante las audiencias públicas. La PIA sostuvo además que algunas falencias ya habían sido advertidas en licitaciones anteriores de la Hidrovía y que varias de esas observaciones no fueron corregidas.
La investigación se produce mientras crecen las denuncias sobre un posible direccionamiento del concurso. Según distintas presentaciones analizadas por la Justicia, las condiciones técnicas habrían favorecido a determinados grupos empresarios y dejado afuera a competidores considerados más fuertes, especialmente compañías de origen chino.
Pese a los cuestionamientos, el Gobierno ratificó que el proceso continúa adelante. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación ya completó la etapa técnica de evaluación y en los próximos días avanzará con la apertura de las propuestas económicas. Actualmente siguen en carrera dos grupos: la belga Jan De Nul (actual operadora de la Hidrovía) y la también belga DEME, asociadas a empresas locales e internacionales. La futura concesión prevé un plazo de 25 años e involucra la operación, dragado y mantenimiento de la principal vía por donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
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