
Lo que empezó como un casamiento de ensueño en uno de los paisajes más imponentes del país terminó convirtiéndose en un escándalo con repercusión nacional. La boda de Nicole Pocoví y Federico Maran, realizada en Salta, quedó en el centro de la polémica y derivó en una investigación judicial.
El evento tuvo lugar en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, un área natural protegida por ley provincial. Allí, en medio de formaciones rocosas y fauna autóctona, la pareja montó una celebración con más de 100 invitados, luces, DJ, pista de baile y ambientación especialmente diseñada para el entorno.
Las imágenes del casamiento —difundidas por los propios protagonistas en redes sociales— se viralizaron rápidamente y generaron indignación, sobre todo por el impacto ambiental que podría haber tenido el evento en una zona de preservación estricta.
Pero la polémica escaló aún más cuando el Gobierno de Salta denunció que el permiso presentado para realizar la boda sería falso. Según explicó el secretario de Ambiente provincial, la firma que figuraba en la autorización no correspondía a un documento oficial y habría sido adulterada.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar si hubo falsificación de instrumento público y posibles delitos ambientales. Además, se analiza si el evento violó las normativas que regulan el uso de espacios protegidos, donde cualquier intervención requiere autorizaciones específicas y estudios de impacto ambiental.
Desde la organización del casamiento, en tanto, sostienen otra versión. Una de las responsables del evento aseguró que la celebración se realizó en una propiedad privada dentro de la reserva y que se cumplieron los requisitos legales. Incluso defendieron la planificación del evento, que llevó meses y fue presentado como una experiencia exclusiva bajo el nombre “Cafayate Fantasy”.
Mientras tanto, el caso sigue sumando capítulos. Las autoridades no descartan sanciones económicas y otras medidas en caso de comprobarse irregularidades, en un episodio que volvió a poner en discusión los límites entre los eventos privados y la protección del patrimonio natural. Lo que debía ser una postal inolvidable terminó transformándose en un conflicto judicial que ahora busca respuestas.
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