Colombia atraviesa un escenario de máxima tensión política y social tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan para asesinarlo y la confirmación del secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué. Ambos hechos ocurrieron en un contexto de violencia creciente y a tan solo tres meses de las elecciones presidenciales.
El martes 10 de febrero de 2026, durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, departamento de Córdoba, Petro alertó públicamente sobre la existencia de un entramado criminal que, según afirmó, busca atentar contra su vida con el objetivo de desestabilizar al Gobierno y devolver al país a un escenario de violencia estructural.
“Quieren dañar al presidente físicamente. Y quieren dañarnos a quienes mantenemos estas ideas. Los aliados no son solo de aquí, sino que tienen las mafias aliadas”, expresó el mandatario, al tiempo que sostuvo que estos sectores se oponen a cualquier avance en materia de paz porque “su negocio es la violencia”.
Denuncia de un complot y alerta sobre su seguridad
Según explicó Petro, las amenazas no solo lo incluyen a él, sino también a su familia. En su exposición ante el gabinete, denunció la existencia de un supuesto montaje destinado a desacreditarlo, que incluiría la colocación de alucinógenos en uno de sus vehículos oficiales, en un contexto en el que aseguró estar sin visa estadounidense e incluido en la denominada Lista Clinton.
El presidente describió una presunta alianza entre mafias locales y extranjeras con intereses políticos. “Unos se visten aquí de guayabera muy fina y otros allá en Bogotá de corbata elegantísima”, afirmó, al advertir que sus contradictores buscan “hundir a Colombia en la violencia”.
“No vamos a caer en esa trampa, pero vamos a ser firmes aquí. Firmes. El que no quiera puede irse, nadie obliga”, enfatizó el jefe de Estado durante su intervención.
Las declaraciones se produjeron en un clima ya enrarecido por el reciente atentado contra el senador Jairo Castellanos, ataque en el que murieron dos escoltas, hecho que volvió a poner en el centro del debate la fragilidad de las condiciones de seguridad para dirigentes políticos.
El escape en helicóptero y el temor a un ataque armado
En medio de ese escenario, Petro denunció además que escapó de un intento de asesinato mientras se desplazaba en helicóptero. Según relató durante una reunión con ministros transmitida en vivo, la noche del lunes la aeronave en la que viajaba no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba por temor a que fuera atacada a disparos.
“Temía que le iban a disparar”, sostuvo el mandatario, quien explicó que el helicóptero debió desviarse hacia mar abierto durante aproximadamente cuatro horas. “Tomamos mar abierto y llegué a donde no teníamos que llegar, escapándome de que me maten”, expresó.
Petro aseguró que desde su llegada al poder, en agosto de 2022, existe un plan sistemático para asesinarlo, impulsado por lo que definió como una “nueva junta del narcotráfico”. En ese supuesto complot, señaló la participación de narcotraficantes que operan desde el extranjero y de grupos guerrilleros, entre ellos las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.
En el departamento de Córdoba, además, tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, el mayor cartel narcotraficante de Colombia, que recientemente suspendió los diálogos de paz luego de que Petro coordinara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una ofensiva para capturar a su jefe, alias “Chiquito Malo”.
El secuestro de la senadora Aída Quilcué
De manera simultánea a la denuncia presidencial, se confirmó el secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué, de 53 años, integrante del movimiento oficialista Pacto Histórico. El hecho ocurrió en una carretera del departamento del Cauca, una de las regiones más conflictivas y cocaleras del suroeste colombiano.
Quilcué, perteneciente al pueblo indígena nasa, fue raptada mientras se desplazaba en una camioneta junto a su equipo de seguridad. La guardia indígena local encontró el vehículo abandonado y sin ocupantes, lo que activó un operativo de búsqueda a gran escala.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las fuerzas de seguridad continúan con el operativo para dar con el paradero de la legisladora y sus escoltas. “Se continúa la búsqueda”, indicó el funcionario.
Ante el secuestro, Petro lanzó una advertencia contundente y calificó el hecho como una “línea roja”. “De no liberarla, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país”, afirmó el presidente, quien exigió una liberación inmediata.
Violencia política y antecedentes históricos
El nuevo pico de violencia sacude a Colombia en plena campaña electoral y reactualiza una historia marcada por asesinatos de dirigentes de izquierda y candidatos presidenciales, perpetrados por alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y estructuras armadas ilegales.
No es la primera vez que Petro denuncia intentos de magnicidio. Durante 2024 y 2025 realizó múltiples advertencias públicas sobre planes para acabar con su vida, aunque en varios casos las investigaciones no avanzaron o las denuncias no derivaron en procesos judiciales concretos. En 2024, incluso, afirmó que un intento de asesinato le impidió asistir al desfile militar del 20 de julio.
Mientras el Ministerio del Interior y la Casa de Nariño no brindaron información adicional sobre las investigaciones en curso, fuentes del Gobierno señalaron que se reforzaron las medidas de seguridad para proteger al presidente y a su entorno cercano, algunos de cuyos miembros residen actualmente en el exterior por razones de seguridad.
En este contexto de extrema tensión, la denuncia de Petro y el secuestro de una senadora indígena profundizan la incertidumbre sobre el rumbo político y la capacidad del Estado colombiano para contener una violencia que vuelve a ocupar el centro de la escena nacional.
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