El presupuesto universitario volvió a quedar en el centro de la discusión entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios. Para 2027, la administración de Javier Milei proyectó destinar $7,35 billones al sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que se necesitan $11 billones para garantizar el financiamiento previsto por la ley. La brecha supera los $3,65 billones.
En concreto, el Gobierno debería ampliar en casi un 50% la partida contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027 para alcanzar el monto reclamado por los rectores. El cálculo surge de comparar los $7,349 billones previstos por el Poder Ejecutivo con los $11,005 billones que estableció el CIN como base de financiamiento para el próximo ejercicio. Según la presentación oficial de los rectores ante el Congreso, la cifra busca contemplar la recomposición necesaria para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.
La discusión no se limita a una diferencia de números. Desde las universidades sostienen que el proyecto oficial no incorpora los recursos necesarios para cumplir con la normativa y advierten que, si no se modifica, podría comprometer el funcionamiento de las instituciones durante el próximo año.
La diferencia entre los dos presupuestos
La propuesta del Gobierno contempla un crédito de $7,349 billones para el conjunto de las universidades nacionales. De ese total, alrededor de $6,326 billones corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros $1,023 billones se destinan a partidas vinculadas con ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros conceptos.
Del otro lado, el CIN elaboró su estimación a partir del crédito previsto para el sistema universitario y le incorporó la recomposición que considera necesaria para cumplir con la ley de financiamiento. El cálculo contempla los recursos para salarios, gastos de funcionamiento y distintos programas específicos, además de partidas para becas y otras áreas.
El CIN aclaró, además, que los $11 billones constituyen una base de financiamiento para comenzar el ejercicio 2027. Ese monto deberá actualizarse durante el año según la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que impactan sobre los costos universitarios.
Los salarios
Uno de los puntos más delicados es el peso de los salarios dentro del presupuesto universitario. Según la explicación transmitida desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las remuneraciones representan cerca del 97% de los gastos de las universidades, lo que deja un margen muy reducido para afrontar el resto de las obligaciones.
En ese contexto, una partida que quede más de $3,6 billones por debajo de lo reclamado no solo pone en discusión la actualización salarial, sino también la posibilidad de sostener los gastos operativos, las actividades académicas y los servicios que prestan las instituciones.
Durante la presentación ante el Congreso, Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN, advirtió sobre las consecuencias de mantener el proyecto oficial sin modificaciones. “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene”, sostuvo.
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