El juicio por el asesinato de Máximo Jerez, ocurrido en marzo de 2023 en el barrio Los Pumitas de Rosario, terminó con cuatro condenas a prisión perpetua y una quinta pena de cuatro años. El ataque estaba vinculado, según la investigación, a una disputa territorial entre bandas dedicadas al narcomenudeo.
El tribunal penal de primera instancia condenó este viernes a Maximiliano Castillo, Nicolás Castillo, Ezequiel Godoy y Nicolás Torres a prisión perpetua por su participación en el ataque a tiros en el que murió Máximo Jerez, el niño de 11 años que jugaba junto a sus primos cuando quedó en medio de una balacera.
El quinto acusado, Gustavo Marcelo Borda, recibió una pena de cuatro años de prisión por encubrimiento. El fallo fue dictado por los jueces Gonzalo López Quintana, Gustavo Pérez de Urrechu y Nicolás Vico Gimena.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 5 de marzo de 2023, alrededor de la 1.30, en inmediaciones de Cabal y pasaje San José. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, un grupo de hombres llegó hasta el lugar a bordo de un Honda Civic y abrió fuego contra un supuesto búnker de drogas ubicado en la zona.
Los disparos no alcanzaron solamente al objetivo buscado. Máximo, que estaba jugando en la vereda junto a otros chicos, recibió un balazo en el pecho y murió en el lugar. Otros tres menores también fueron alcanzados: un adolescente de 13 años sufrió una herida en el tórax, una niña de 2 años fue baleada en un brazo y otro chico de 13 años recibió un disparo en la boca.
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Una guerra narco detrás del ataque
Para la Fiscalía, el crimen fue consecuencia de una disputa por el control del territorio entre grupos vinculados al narcomenudeo que operaban en Empalme Graneros.
La investigación encabezada por el fiscal Franco Tassini sostuvo que los hermanos Maximiliano y Nicolás Castillo, junto con Ezequiel Godoy y Nicolás Torres, eran quienes se movilizaban en el Honda Civic desde el que se efectuaron los disparos.
El ataque habría estado dirigido contra integrantes de Los Salteños, el grupo vinculado al clan Villazón, y no contra la familia de Máximo, que pertenecía a la comunidad Qom. La hipótesis fiscal fue que la balacera buscaba funcionar como un mensaje dentro de una disputa territorial que había escalado en el barrio.
Según la causa, los hermanos Castillo eran primos de Alex “Arañita” Ibáñez, quien se encontraba detenido en la cárcel de Piñero y era señalado como referente de un grupo de jóvenes que disputaba el territorio con Los Salteños.
La acusación sostiene que esa disputa terminó teniendo como víctima a Máximo, que quedó atrapado en medio de un ataque dirigido hacia otro objetivo.
El Civic y las otras condenas
El automóvil utilizado para cometer la balacera también fue una pieza central de la investigación. Después del crimen, el Honda Civic fue escondido en una vivienda de barrio Godoy.
Por ese hecho ya habían sido condenados Alejandra Rodríguez, Gustavo Nicolás Borda y Esteban Ezequiel Marengo, quienes recibieron penas de dos años y seis meses de prisión condicional por encubrimiento agravado.
En el caso de Gustavo Marcelo Borda, la Justicia determinó que fue quien dio la orden de ocultar el vehículo. Por eso recibió cuatro años de prisión. Borda ya se encontraba detenido en Piñero y cumplía además una condena de cinco años y seis meses por su participación en el asesinato de Ticiana Luz Espósito, una adolescente de 13 años asesinada en Rosario en 2020.
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El crimen que provocó una pueblada
El asesinato de Máximo generó una fuerte conmoción en Rosario y desencadenó una reacción de los vecinos de Los Pumitas. Después del funeral del niño, una multitud se movilizó hacia viviendas que eran señaladas como presuntos puntos de venta de drogas.
Tres casas fueron atacadas y derribadas, en una jornada de extrema tensión que expuso la violencia y el avance de las disputas vinculadas al narcomenudeo en sectores vulnerables de la ciudad.
Más de tres años después del crimen, el juicio terminó con cuatro condenas a prisión perpetua para los acusados de integrar el grupo que efectuó la balacera y una pena adicional por el encubrimiento del vehículo utilizado en el ataque.
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