Cuba registró 1.351 presos políticos al cierre de septiembre, la cifra más alta desde que la organización Prisoners Defenders comenzó su seguimiento. El informe mensual sumó 50 nuevos casos y advirtió sobre detenciones vinculadas con protestas por los cortes de electricidad, la falta de agua y el deterioro de las condiciones de vida.
Según la ONG, durante los últimos 12 meses se incorporaron 318 personas al listado, un promedio de 26,5 casos por mes. Desde las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, la entidad contabilizó 2.217 personas que pasaron por las cárceles cubanas por razones políticas.
El registro incluye 802 convictos de conciencia, 496 condenados de conciencia y otros 53 presos políticos. Entre las personas identificadas hay 152 mujeres y 40 que eran menores de edad al momento de su detención.
Detenciones tras las protestas por apagones y falta de agua
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, cuestionó la respuesta de las autoridades cubanas frente a los reclamos sociales. “El hecho de pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión”, afirmó en declaraciones a Infobae.
Entre los casos recientes, la organización mencionó el de Yordenkis Fonseca, un menor con epilepsia detenido a fines de julio en la provincia de Camagüey. Su arresto se produjo después de un cacerolazo pacífico en el que vecinos reclamaron agua potable, electricidad y mejores condiciones de vida.
De acuerdo con el informe, el joven permanecía bajo prisión provisional al cierre del relevamiento y sufrió crisis epilépticas que requirieron atención hospitalaria.
La ONG también señaló los casos de Eleiner Torres Verdecia y Andrés Guillén Pedrosa, detenidos en marzo en Ciego de Ávila durante protestas por los apagones y el desabastecimiento. Según el reporte, ambos continuaban en prisión provisional meses después de sus arrestos.
Otro caso señalado es el de Leandro Cristian Palmero Guevara, detenido cuando tenía 17 años y para quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel. Larrondo cuestionó la acusación y sostuvo que no se le atribuye un acto delictivo concreto consumado.
Denuncian problemas de salud y falta de atención médica
El informe también advirtió sobre la situación sanitaria dentro de las cárceles. Según Prisoners Defenders, 476 presos políticos tienen enfermedades y permanecen privados de la libertad, mientras que otras 53 personas presentan afecciones psicológicas, psiquiátricas, cognitivas o neurológicas que la organización considera incompatibles con el encarcelamiento.
Entre los casos documentados figura el de Roberto Ángel Piloto Rodríguez, detenido desde 2021. La ONG informó que padece insuficiencia renal, inflamación de próstata y riñones, anemia y desnutrición, y denunció dificultades para acceder a medicamentos e insumos médicos.
Larrondo también cuestionó la alimentación que reciben algunos detenidos y denunció situaciones de desnutrición, además de obstáculos para obtener tratamientos y asistencia sanitaria.
El reclamo de la organización
Prisoners Defenders sostiene que las detenciones alcanzan a personas que protestan, informan, participan en actividades religiosas o acompañan a familiares encarcelados. La entidad reclamó la liberación de quienes considera presos por ejercer derechos fundamentales y pidió atención médica inmediata para los detenidos con enfermedades.
Las cifras corresponden al relevamiento de la organización, elaborado con información recopilada hasta el 30 de septiembre.
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