D.G.G., abogado bonaerense de 56 años quedó detenido con prisión preventiva por un mes, acusado de transportar más de 32 kilos de cocaína en la provincia de Salta. El hombre, oriundo de Haedo, partido de Morón, ya tenía una condena previa a cuatro años y seis meses de prisión por otro caso de narcotráfico, con sentencia que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación se inició el sábado 3 de octubre, luego de que una mujer alertara al 911 sobre un episodio con armas de fuego en la ciudad de Orán. Según el testimonio, varias personas habían interceptado a un hombre, lo habían subido por la fuerza a un vehículo y se habían dirigido hacia la ruta nacional 50.
A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad, la Policía identificó dos camionetas involucradas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado. Los efectivos siguieron el recorrido de los vehículos hasta un camino alternativo que conduce a un río en la zona de Isla de Cañas. Ahí los efectivos pudieron encontraron la VW con el motor en marcha y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes que posteriormente fueron identificados como cocaína, más de 30 kilos en total. Tres minutos después, los agentes observaron la llegada de la Toyota Prado, que provenía de la zona del río y era conducida por el abogado, quien fue detenido.
Durante el procedimiento también secuestraron dos teléfonos celulares y detectaron un corte en el piso de la Toyota Prado, a la altura del tanque de combustible. Con autorización judicial, los efectivos requisaron la otra camioneta y confirmaron que los paquetes contenían más de 32 kilos de cocaína, acondicionada en bloques de un ancho menor al habitual.
La investigación y el antecedente por narcotráfico
La imputación fue formalizada por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, durante una audiencia ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández. Al fundamentar la acusación, el funcionario del MPF señaló que el abogado no había brindado explicaciones sobre la droga y había intentado desvincularse del hallazgo. También destacó sus antecedentes penales: En 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes. Sin embargo, esa sentencia no está firme debido a un recurso de queja presentado por el propio letrado, que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese expediente se remonta al 4 de julio de 2022, cuando fue detenido mientras conducía un vehículo cuyo motor contenía cuatro kilos de cocaína. Durante aquella investigación se estableció que había estado en Orán cinco días antes y que incluso había tramitado allí un carnet de conducir. Esos elementos respaldaron la hipótesis de que la droga había sido trasladada desde esa ciudad salteña hasta Neuquén.
La versión del abogado: “Fui víctima de un secuestro”
En su descargo, el acusado negó tener relación con los estupefacientes y aseguró que había sido víctima de un secuestro vinculado con un supuesto ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario. Según su versión, viajaba desde hacía años a Orán y Aguas Blancas y cruzaba a Bolivia para comprar celulares y otros artículos destinados a la reventa. Sostuvo que el 3 de octubre había llegado a la región para reunirse con una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, y que también tenía previsto comprar teléfonos.
El hombre vinculó el episodio con una operación inmobiliaria que no llegó a concretarse. De acuerdo con su relato, un conocido de la localidad boliviana de Bermejo pretendía adquirir una casa de tres pisos en el barrio porteño de Liniers y le había encargado una presentación legal para asumir la posesión del inmueble.
El acuerdo, explicó, se frustró después de que la persona que llevaba los 70.000 dólares pactados sufriera un robo. El supuesto comprador lo habría responsabilizado por lo ocurrido y amenazado con atacarlo si regresaba a Orán. El abogado afirmó que cinco personas armadas y encapuchadas lo habían golpeado, amenazado de muerte y advertido que lo arrojarían al río. La Fiscalía, sin embargo, señaló contradicciones en su relato sobre el recorrido y las circunstancias del episodio.
Preso por 30 días
La defensa cuestionó la imputación y se opuso al pedido de prisión preventiva. La jueza Hernández dispuso inicialmente que el acusado permaneciera detenido durante un mes, al considerar la gravedad del hecho, el estado de la investigación y los antecedentes del imputado.
La defensa apeló la resolución y solicitó que la detención en una unidad penitenciaria fuera reemplazada por el arresto domiciliario. El planteo fue analizado por la Sala II de Revisión, integrada por los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá.
El fiscal Romero rechazó la alternativa y argumentó que persistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También destacó que el análisis pericial de los teléfonos celulares secuestrados podría aportar nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.
Finalmente, el tribunal confirmó la prisión preventiva por un mes. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Orán, que busca determinar las circunstancias del transporte de la droga y establecer la participación del acusado en el hecho.
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