El Gobierno nacional oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 una modificación sustancial de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), reordenando la estructura y funciones de los organismos de inteligencia y ampliando sus facultades operativas, incluido un controvertido permiso para que personal de inteligencia pueda aprehender personas en circunstancias específicas. Además, la decisión presidencial otorga mayores facultades a la SIDE.
Apenas conocida la novedad, los referentes políticos de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal comunicaron su rechazo al DNU y exigieron restablecer “el control parlamentario para un tema tan sensible”.
La medida pone en marcha la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que será un espacio permanente de coordinación entre los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), áreas de inteligencia de Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, junto con otros organismos del Estado vinculados a la materia.
“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU. Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”, indicaron desde el interbloque Unidos.
“El DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias. Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad. La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, manifestó Unidos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial en plena receso parlamentario. Para el diputado nacional Esteban Paulón al considerar que el decreto generaliza un estado de sospecha, transfiere competencias sensibles sin debate parlamentario y representa “un duro golpe a la democracia”. El DNU ahora deberá ser analizado por el Congreso, y en particular por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que tiene un plazo para debatir su validez y eventualmente rechazarlo en mayoría en ambas cámaras, en lo que podría ser el próximo round de la controversia política
Comentarios