La discusión por la regulación de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo: la Cámara de Diputados busca primero tener un cuadro de situación preciso antes de avanzar con cualquier legislación. La iniciativa fue impulsada por la bancada socialista, que propone convocar a municipios para reunir datos concretos sobre la actividad.
El proyecto, encabezado por la diputada Lionella Cattalini y acompañado por todo su bloque —incluida la presidenta de la Cámara, Clara García—, plantea invitar a autoridades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Santo Tomé a una reunión en la Comisión de Seguridad Pública, presidida por Martín Rosúa.
La intención es que el tema se trate la próxima semana para avanzar con el encuentro. Esto ocurre mientras el proyecto aprobado en el Senado —con modificaciones al Código de Convivencia— sigue sin fecha de tratamiento en Diputados y debe atravesar aún varias comisiones, entre ellas Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
Un diagnóstico antes de legislar
El eje de la propuesta es claro: tener información concreta y territorialmente diferenciada sobre la actividad de los cuidacoches, también conocidos como “trapitos”.
Para eso, se solicita a los municipios una serie de datos clave:
- Cantidad estimada de personas que realizan la actividad
- Registros o censos municipales y su metodología
- Ordenanzas vigentes que regulen el trabajo
- Medidas implementadas, tanto de control como de inclusión social
- Intervención de áreas estatales como seguridad, desarrollo social o empleo
- Actas de infracción y actuaciones judiciales en los últimos tres años
- Programas de capacitación o reconversión laboral y sus resultados
La lista se completa con cualquier otra información que permita evaluar políticas públicas sobre el tema.
En ese sentido, Cattalini explicó el enfoque del proyecto: “El tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas a la actividad de cuidacoches exige contar con información precisa, actualizada y territorialmente diferenciada”.
Y profundizó sobre la complejidad del fenómeno: “Se trata de una problemática que involucra dimensiones vinculadas a la seguridad pública, el uso del espacio público, el trabajo informal, la vulnerabilidad social y las políticas de inclusión laboral”.
Desde el socialismo remarcan que el debate no puede limitarse a lo punitivo. “Las respuestas estatales no pueden basarse exclusivamente en medidas de carácter punitivo, sino que deben sustentarse en diagnósticos adecuados y en estrategias integrales”, sostuvo la legisladora.
En esa línea, consideran que los municipios son claves, ya que tienen información directa y experiencias concretas en la gestión de esta actividad. Además, entienden que esas políticas locales pueden servir como base para una regulación provincial más efectiva.
Cattalini lo sintetizó así: “Contar con datos sistematizados permitirá evaluar el impacto potencial de las medidas propuestas, identificar buenas prácticas y diseñar políticas públicas que contemplen tanto la convivencia urbana como la inclusión social”.
Qué establece el proyecto aprobado en el Senado
El expediente con media sanción introduce cambios en el Código de Convivencia. El nuevo Artículo 66 bis establece sanciones para quienes, sin autorización, ofrezcan o cobren por el cuidado o estacionamiento de vehículos en la vía pública. Las penas previstas incluyen trabajo comunitario de dos a diez días y la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, se contempla arresto de diez a veinte días.
El Artículo 66 ter, en tanto, agrava las sanciones —duplicando mínimos y máximos— cuando la actividad se realice en determinadas condiciones, como:
- Con violencia o amenazas
- En zonas de estacionamiento tarifado
- En cercanías de eventos públicos masivos
- Aprovechando situaciones de vulnerabilidad
- En horario nocturno o zonas sensibles
Además, las penas pueden cuadruplicarse si participan varias personas en la misma infracción. El texto también habilita a los municipios a solicitar intervención policial para desalojar a quienes desarrollen la actividad de forma irregular en el espacio público.
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