La adhesión de Rosario a la ley provincial 14.486, que prohíbe ofrecer o disponer espacios de estacionamiento en la vía pública a cambio de una retribución sin autorización, comenzó a discutirse en el Concejo Municipal. En una reunión de trabajo realizada este miércoles, las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana analizaron el mensaje del Departamento Ejecutivo y expusieron diferencias sobre cómo aplicar la norma.
El proyecto propone prohibir en toda la ciudad el ofrecimiento de lugares para estacionar, así como la guarda, el cuidado, el lavado o la limpieza de vehículos a cambio de dinero, sea voluntario o no. La iniciativa también faculta al Ejecutivo a establecer excepciones y contempla acciones de prevención e inclusión social.
Ese punto abrió uno de los principales focos de discusión. El artículo 2 habilita al Departamento Ejecutivo a determinar sectores y circunstancias en los que podría autorizarse la actividad. Federico Lifschitz, del bloque Socialista, cuestionó esa posibilidad: consideró que puede abrir la puerta a decisiones discrecionales de futuras gestiones y generar el efecto contrario al buscado, con una expansión de la actividad en la calle.
El concejal también puso en duda la eficacia de las multas, al señalar que la cobrabilidad de esas sanciones es prácticamente nula. Sobre el acompañamiento social, planteó que debe contemplar las distintas situaciones de quienes ejercen la actividad y diferenciar a las personas que buscan una salida laboral de quienes cuentan con antecedentes delictivos.
Desde el peronismo, Norma López cuestionó el espíritu de la ordenanza y sostuvo que la actividad ya puede ser sancionada bajo las normas vigentes. También se manifestó en contra de las excepciones y pidió que la adhesión se ajuste a lo establecido por la ley provincial. Para López, el marco normativo debe precisar los protocolos de actuación, las pautas de intervención y la tipificación de las conductas, especialmente ante posibles situaciones de extorsión.
La concejala reclamó además que el Ejecutivo diseñe políticas sociales para quienes recurren al cuidado o lavado de vehículos como forma de generar ingresos, sin estigmatizarlos ni equiparar automáticamente esa actividad con la delincuencia. En ese sentido, propuso incorporar un protocolo de actuación con enfoque de derechos, que prohíba la violencia física o verbal y cualquier trato degradante durante los procedimientos.
La discusión sobre la inclusión social también atraviesa el artículo 6 del mensaje oficial, que prevé un abordaje integral para promover la reconversión laboral, la formación en oficios, la terminalidad educativa y el acceso a dispositivos de empleo. El proyecto contempla, además, la articulación con programas de la economía social y la atención de situaciones de salud.
Desde Nación y Libertad, Sabrina Prence señaló que el artículo 2 es uno de los puntos más controvertidos y que concentra reparos de distintos bloques. Sin embargo, valoró que la iniciativa contemple el acompañamiento estatal. A diferencia de Lifschitz, sostuvo que todas las personas deben tener una oportunidad de inclusión, incluso quienes recuperaron la libertad y buscan reinsertarse laboralmente.
La Libertad Avanza anticipó su acuerdo con la prohibición de la actividad, pero sin un régimen de excepción. Desde ese espacio también pidieron definiciones sobre el protocolo de actuación.
Un debate entre control y respuesta social
La discusión expone una tensión que va más allá de la prohibición: cómo ordenar el uso del espacio público y prevenir situaciones de presión o violencia sin dejar de atender las condiciones sociales de quienes realizan la actividad.
El mensaje del Ejecutivo sostiene que el cuidado informal de vehículos puede afectar la seguridad, la tranquilidad y la circulación, especialmente cuando el cobro se transforma en una exigencia. A la vez, plantea que la respuesta debe contemplar alternativas de inclusión laboral para quienes encuentran en esa tarea un medio de subsistencia.
Entre las iniciativas que se presentaron en el Concejo, RedBoing pudo constatar que también se propuso un proyecto que propone un programa municipal que incluya un relevamiento de las personas que ejercen la actividad, capacitación y terminalidad educativa, intermediación laboral y un abordaje específico para niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad.
La reunión de las comisiones dejó así planteadas las principales diferencias políticas: el alcance de las excepciones, la eficacia del régimen sancionatorio, los criterios para el acompañamiento social y las garantías que deberán regir los procedimientos. La discusión continuará en el Concejo, donde esos puntos serán centrales para definir el texto final de la ordenanza.
El debate continuará el próximo martes a las 11, en el marco de la comisión conjunta, donde los concejales seguirán analizando los puntos más controvertidos del proyecto.
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