El abogado entrerriano Pedro De La Madrid fue condenado por fraude, falsificación de documentos, estafa, robo y ejercicio ilegal de la profesión en la ciudad de Concordia, luego de reconocer su culpabilidad en una audiencia de juicio abreviado realizada el jueves 9 de abril. La causa, impulsada por la fiscal Daniela Montangie, culminó con un acuerdo que establece una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, cuya ejecución quedará firme tras la decisión final del juez Germán Dri.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, otro abogado —Fernando Ochoa, de 40 años— fue detenido en Quilmes acusado de liderar una trama de estafas digitales que habría movido alrededor de 500 mil dólares, utilizando identidades falsas de sus propios clientes.
Un juicio abreviado y una condena en Concordia
El caso de De La Madrid se resolvió mediante un procedimiento abreviado en el que el propio imputado admitió su responsabilidad penal. Según consta en el expediente, “reconoció los hechos que se le atribuían y admitió su responsabilidad penal”, lo que permitió avanzar con un acuerdo entre las partes.
El letrado fue condenado por una amplia gama de delitos: ejercicio ilegal de la profesión en tres ocasiones, quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación de instrumento público, uso de documento público falsificado, dos hechos de estafa procesal, además de hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación documental.
El acuerdo contempla su traslado a una unidad penal una vez que la sentencia sea homologada. Esa decisión final ahora depende del magistrado interviniente, quien deberá validar el convenio en los próximos días.
Estafas digitales y detención en Quilmes
En otro caso que también involucra a un abogado, Fernando Ochoa fue detenido tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en su estudio jurídico en Quilmes Centro y en su vivienda en un barrio cerrado de Hudson.
Durante los operativos, las autoridades secuestraron cerca de 20 tarjetas de crédito a nombre de terceros, además de dispositivos electrónicos y teléfonos celulares, considerados claves para avanzar en la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía Nº1 de Quilmes, el abogado habría montado una operatoria fraudulenta basada en el engaño a sus propios clientes. Bajo el argumento de actualizar expedientes judiciales en el marco de la digitalización, les solicitaba selfies y datos biométricos. Con esa información, abría cuentas bancarias, gestionaba tarjetas de crédito y solicitaba préstamos sin autorización.
El caso se inició hace cuatro meses a partir de la denuncia de un damnificado que detectó movimientos financieros desconocidos en su informe del Banco Central. A partir de allí, se desplegaron tareas de inteligencia que derivaron en la detención.
La causa está a cargo del fiscal Ariel Rivas, con la colaboración del ayudante fiscal Leandro Montejo y la secretaria Gisela Gorosito, quienes coordinaron el operativo judicial. Ochoa permanece detenido a disposición del Juzgado de Garantías Nº2, encabezado por el juez Martín Nolfi.
Las autoridades no descartan que en los próximos días aparezcan más víctimas, lo que podría ampliar significativamente la acusación en su contra y revelar una red aún mayor de fraude.
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