La causa que en un principio fue presentada como un robo de ganado dio un giro clave: la Justicia imputó al empresario Nicolás Coscia por defraudación y abuso de confianza, y no por robo, en el marco de la investigación por la desaparición de hacienda en un campo del sur santafesino. La audiencia se realizó este lunes en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución.
La jueza Marisol Usandizaga resolvió imponerle la prohibición de salida del país por 90 días, aunque rechazó el pedido de la Fiscalía de fijar una fianza de 20 millones de pesos. La imputación fue llevada adelante por el fiscal Ramiro Martínez.
El caso tomó fuerte repercusión porque el denunciante es el influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido por su cuenta “La Joya Agro”, lo que impulsó la viralización del episodio en redes sociales y medios durante los últimos días.
Según la investigación, Coscia fue acusado de haber dispuesto de manera ilegítima de animales vacunos que estaban bajo su cuidado, en el establecimiento rural “La Cañada”, ubicado en la zona de Santa Teresa. La imputación sostiene que el empresario actuó abusando de una relación de confianza y de un acuerdo comercial previo con la firma Agrotranquera.
En ese sentido, la Fiscalía detalló: “El imputado, en su carácter de tenedor y encargado del cuidado de hacienda ajena, habría abusado de la confianza depositada en su persona y de la relación comercial existente, disponiendo ilegítimamente de los animales”.
De acuerdo al expediente, el 25 de febrero de 2026 se concretó la venta de 161 bovinos a través de una consignataria, distribuidos entre distintas firmas compradoras. Para darle apariencia de legalidad a la operación, se utilizaron documentos oficiales emitidos por SENASA.
El fiscal precisó: “Para concretar la operación se gestionó la emisión de documentos de tránsito electrónico en los que se hizo figurar la hacienda como propia, pese a carecer de facultades para disponer de ella”.
Los animales fueron trasladados desde el campo en Santa Teresa hasta un predio rural en Chabás, donde fueron entregados a compradores que, según se estableció, actuaron de buena fe y con la documentación correspondiente.
Días más tarde, el 17 de marzo, Coscia habría intentado emitir nuevas guías de traslado por un total de 190 bovinos, nuevamente sin autorización. Según la acusación, esta maniobra buscaba encubrir la operación previa y generar una apariencia de continuidad.
En ese punto, la Fiscalía remarcó: “La gestión no respondió a la existencia real de los animales, sino a una maniobra para generar apariencia de cobertura formal”.
Finalmente, el 20 de marzo, los animales fueron localizados y recuperados en campos de Chabás, donde se verificó su identidad mediante marcas y señales. No obstante, el perjuicio económico se consideró configurado al momento de la disposición y traslado de la hacienda.
El fiscal concluyó: “Mediante el abuso de la relación de confianza y la utilización de documentación oficial para encubrir la maniobra, se produjo un perjuicio patrimonial a la firma Agrotranquera”.
Por su parte, la consignataria rosarina Aguirre Vázquez, que intervino en la operación, también se presentó como damnificada y anunció que iniciará acciones judiciales. En un comunicado, sostuvo: “Resultamos víctimas de una maniobra y vamos a presentar una denuncia penal; estamos a disposición para colaborar y ratificamos nuestro compromiso con la transparencia”.
Con este nuevo enfoque, la causa deja de lado la hipótesis de un robo tradicional y se encamina a esclarecer un presunto conflicto interno de tipo societario, en el que la clave será determinar los alcances de la relación comercial entre las partes involucradas.
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