La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves por la noche una ley de amnistía general que habilita la revisión inmediata de causas judiciales contra políticos, activistas, abogados, periodistas y ciudadanos detenidos por motivos políticos. La norma fue firmada pocas horas después de su aprobación parlamentaria y alcanza hechos vinculados a confrontaciones políticas desde 1999.
La sanción representa un giro significativo en la política venezolana, luego de décadas en las que las autoridades negaron la existencia de presos políticos. El cambio se produce semanas después de la captura de Nicolás Maduro, derrocado durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, hecho que precipitó la conformación de un gobierno de transición y una serie de medidas orientadas a revertir decisiones del régimen anterior.
Durante la ceremonia de promulgación, Rodríguez sostuvo que la iniciativa refleja un cambio de actitud en la dirigencia nacional. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, afirmó. Además, calificó la normativa como un paso histórico hacia la pacificación y remarcó la necesidad de aprender a “convivir democrática y pacíficamente”.
“Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, expresó.
El texto promulgado concede amnistía plena a personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales, incluidos episodios de violencia, protestas, manifestaciones y actuaciones asociadas a procesos electorales. También abarca las detenciones producidas tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron arrestos masivos en todo el país, incluso de menores de edad.
No obstante, la ley establece exclusiones explícitas: no podrán acceder al beneficio quienes hayan promovido, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial del país con apoyo de actores extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el tratamiento legislativo. El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió que el Parlamento tenía la oportunidad de demostrar un compromiso real con la reconciliación nacional, y reclamó garantías efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias.
Según registros de Foro Penal, más de 600 personas continúan privadas de libertad por razones políticas. Tras la caída de Maduro, las nuevas autoridades confirmaron la excarcelación de 448 detenidos, aunque la mayoría quedó bajo libertad condicionada, situación que generó reclamos de familiares y activistas.
En las semanas previas a la promulgación, familiares de presos instalaron campamentos frente a centros de detención y un grupo de mujeres inició una huelga de hambre para exigir la liberación definitiva de sus allegados, muchos de los cuales permanecen detenidos sin sentencia firme.
La nueva legislación abre la posibilidad de nuevas excarcelaciones en las próximas semanas y redefine el abordaje estatal frente a los detenidos por motivos políticos. Su impacto efectivo dependerá de la rapidez con la que el sistema judicial y los organismos administrativos revisen los expedientes y apliquen los beneficios establecidos por la ley.
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