Shadya Altamirano era una joven abogada y bailarina que se quitó la vida el sábado 11 de abril en la localidad Pinto de Santiago del Estero. La muerte sacudió a toda la comunidad y reabrió el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia de género y la exposición digital.
La abogada había denunciado cuarenta días antes a su exnovio por haber viralizado videos y fotos intimas y, según la familia, no soportó la humillación y el acoso posterior, lo que la llevó a tomar una decisión tan drástica de quitarse la vida.
El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero aseguró que brindó todas las herramientas legales para la protección de la víctima. Simultáneamente, la familia denunció que hubo una falta de respuestas.
El 1 de marzo la joven de 29 años, Altamirano, se presentó ante la Comisaria Comunitaria N° 15 para realizar una denuncia contra su ex pareja por amenazas y difusión no consentida de contenido sexual. La investigación judicial se centra en los hechos sucedidos desde dicha fecha en adelante.
Desde fiscalía se aclaró que a Shadya se le ofreció protección desde el primer momento mediante un botón antipánico, recurso que fue rechazado por ella y tuvo que constar de manera escrita que no deseaba esa herramienta. En este contexto, la fiscalía dictó restricciones judiciales para el acusado, un hombre de 43 años, y no se recibieron posteriores denuncias de incumplimiento de estas medidas.
En el contexto de la denuncia, se dejo constancia de que Shadya Altamirano fue victima de una relación abusiva que duró nueve años, la cual tuvo maltrato psicológico, violencia sexual y física. La relación habría llegado a su fin el 26 de febrero, días antes de la difusión de los videos por WhatsApp.
De acuerdo a comentarios de la madre, María Verónica Rodríguez, el episodio desató una fuerte crisis emocional en la joven. Verónica Rodríguez insistió en que la denuncia no prosperó y que la familia nunca recibió contención psicológica ni protección efectiva: “Ella no tuvo contención más que la denuncia. Es más, le dijeron que esa persona (su exnovio) tenía respaldo y que eso (su denuncia) terminaría en la nada”.
La fiscalía ordenó, luego de la notificación del fallecimiento, una autopsia del cuerpo y el secuestro del teléfono de la victima, así como el blíster que se halló a su lado.
Uno de los puntos de conflicto en la investigación radica en los presuntos vínculos familiares del acusado. María Verónica Rodríguez denunció que el hombre que viralizó las imágenes es familiar de María Emilia Ganem, fiscal general de la circunscripción de Añatuya, y que él solía decir: “a mí nadie me va a hacer nada”.
A su vez, Ana María Gonzalez Ruiz y Gladys Alami, juezas de Control y Garantías afirmaron que no hubo un ingreso de petición de medidas de protección, sugiriendo un vacío entre la denuncia y la aplicación de medidas efectivas.
La familia sostiene que la falta de contención y eficacia en la respuesta estatal fue un factor determinante en el desenlace. La madre de Altamirano reclamó “nos dejaron solos”. Demostrando que cuando hay un vacío judicial y fallas en el sistema las situaciones pueden terminar con finales trágicos cuando, con las herramientas adecuadas, se puede evitar un desenlace no deseado.
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