La denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito fue ampliada este martes por diputados de la oposición, quienes además solicitaron que se cite a declarar a la escribana Adriana Nechevenko, involucrada en la compra de un departamento en Caballito que quedó bajo sospecha por su valor y modalidad de pago.
La presentación fue realizada por los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes cuestionan la adquisición del inmueble realizada en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de que Adorni asumiera su actual cargo. Según la escritura, la propiedad fue comprada por USD 230.000, una cifra considerablemente inferior a su valor de mercado.
El departamento, ubicado sobre la calle Miró al 500, cuenta con casi 200 metros cuadrados totales, cochera incluida, y está emplazado en una de las zonas más cotizadas del barrio. De acuerdo a estimaciones del mercado inmobiliario, propiedades similares en la zona oscilan entre los USD 360.000 y USD 450.000, mientras que herramientas de tasación lo ubican cerca de los USD 375.000.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la forma en la que se financió la operación. La compra se realizó mediante una hipoteca no bancaria por USD 200.000, otorgada por las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), quienes aseguraron no conocer al funcionario ni haberle prestado dinero.
En ese sentido, Paulón fue contundente al referirse al caso: “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”. Además, profundizó sus cuestionamientos al señalar: “Era obvio que la operación de compra del departamento en Caballito de Adorni era una intermediación para simular y justificar una compra que no tiene nada que ver con sus ingresos”.
Los legisladores también evalúan solicitar que las dos jubiladas sean citadas por la Justicia para esclarecer su rol en la operación.
La escribana Adriana Nechevenko, cuya citación fue solicitada, no solo certificó esta compra sino también la adquisición de otra propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, realizada un año antes.
La polémica se amplía con otros hechos bajo análisis, como los viajes al exterior de Angeletti —incluyendo uno a Nueva York en comitiva oficial sin costo—, vuelos privados a Punta del Este sin facturación, y presuntas triangulaciones de contratos con organismos estatales a favor de una consultora vinculada a su esposa.
Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación sobre el patrimonio del funcionario, enfocándose en la evolución de sus activos y la posible incompatibilidad entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos.
Desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y sostienen que no existe ninguna irregularidad. El propio funcionario afirmó en conferencia de prensa: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.
Además, defendió el origen de su patrimonio al señalar: “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.
Mientras tanto, el caso sigue escalando en el plano político y judicial, con nuevas medidas que podrían profundizar la investigación sobre una operación inmobiliaria que, por sus características, quedó definitivamente bajo la lupa.
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