El derrumbe ocurrido en un complejo del programa PROCREAR en Parque Patricios continúa generando repercusiones judiciales. Vecinos damnificados presentaron nuevas denuncias y solicitaron investigar a la empresa constructora Sudamericana SA (COSUD), responsable de la obra, al advertir que podrían haberse alterado pruebas en el lugar del colapso.
La causa, que tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, investiga el hecho bajo la figura de estrago culposo y busca determinar qué provocó el desprendimiento de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros que cayó sobre el estacionamiento del complejo y destruyó 65 vehículos.
En las últimas horas, la fiscal María del Rosario Salvetici formalizó la incorporación de seis nuevos querellantes, quienes solicitaron acceso a las pruebas de la investigación a través de presentaciones realizadas por sus abogados, entre ellos Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin.
Sospechas sobre la escena del derrumbe
En los escritos presentados ante la Justicia, los damnificados advirtieron que existían riesgos estructurales previos en el complejo y reclamaron que se investiguen las responsabilidades de la empresa constructora, sus directivos y las autoridades encargadas de controlar la obra.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la posible contaminación de la escena del derrumbe. Según afirmaron, una retroexcavadora ingresó al lugar cuatro días después del colapso, cuando el edificio todavía se encontraba evacuado, y habría realizado tareas de remoción de escombros con presencia de personal jerárquico de la empresa.
En ese sentido, el abogado Burlando advirtió en la presentación judicial: “La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos y extracción de materiales esenciales para la investigación”.
Qué piden los querellantes
Los denunciantes solicitaron que la investigación alcance a la constructora, sus directivos, técnicos responsables y a todos los profesionales que participaron en el diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra. Además, pidieron que se analice el desempeño de inspectores, autoridades y especialistas en seguridad que debían supervisar la construcción.
Entre las medidas requeridas figuran:
- Una pericia técnica independiente sobre la estructura del edificio.
- La intervención de la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal, especializada en derrumbes urbanos.
- El acceso a planos, memorias de cálculo y libros de obra del proyecto.
- La preservación de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona.
- La toma de testimonios de vecinos y testigos presenciales.
También propusieron como perito de parte al ingeniero civil Dunayevich, quien fue aceptado por la fiscal.
En paralelo, la fiscalía informó que el mismo día del derrumbe, el 3 de marzo, ya había ordenado pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, con el objetivo de determinar si el colapso era previsible, cuáles fueron sus causas y si existieron fallas o incumplimientos en la obra.
Además, se amplió el pedido de información al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener habilitaciones, inspecciones y documentación técnica vinculada al proyecto, y se solicitó un relevamiento completo de cámaras y testimonios relacionados con el hecho.
En el plano económico, los querellantes pidieron la inhibición general de bienes de COSUD para garantizar eventuales indemnizaciones y evitar un posible vaciamiento patrimonial. Sin embargo, la fiscal rechazó por ahora esa medida al considerar que la causa aún se encuentra en una etapa inicial, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicarla más adelante si la investigación lo justifica.
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