En la tarde del último martes, las pantallas de televisión de todo el país transmitían en vivo desde Rosario con imágenes de patrulleros frente a la Jefatura de Policía. Y a esa hora algunos imaginaron (o desearon) el peor escenario para la ciudad: sin policías en la calle, habría balaceras y homicidios en los puntos más calientes, zonas liberadas para los robos, e inclusive escenas de violencia allí donde se concentraban los uniformados que encabezaban la protesta. Pero nada de eso pasó. Y la secuencia terminaría -después de 36 horas de tensión- con la confirmación del aumento salarial que anunció el gobernador y el regreso de los móviles al trabajo.
¿Cómo se hizo para garantizar la seguridad de una ciudad de más de un millón de habitantes habiendo menos vehículos policiales operativos? En medio de las negociaciones, un funcionario de alto rango en Seguridad de la provincia monitoreaba en su teléfono un mapa rosarino con un gráfico de calor midiendo en tiempo real el movimiento de los patrulleros. “No es lo ideal, es lo mínimo indispensable. Pero a esta hora tenemos más móviles en la cuadrícula que los que recibimos funcionando cuando empezamos la gestión”, se entusiasmaba.
La orden era sostener la presencia en las calles. Las fuerzas federales hacían su aporte, gracias a la buena relación que gestaron hace años el gobernador y Alejandra Monteoliva. Se conocen desde que Pullaro era ministro en Santa Fe y la actual titular de la cartera a nivel nacional era la segunda de Patricia Bullrich, entre 2015 y 2019. Hace dos semanas, ambos habían coincidido en el acto de entrega de móviles para el Plan Bandera y habían dicho públicamente que Rosario era prioridad para ambas administraciones en materia de seguridad.
Ese dato -más la coordinación con el 911 para que no deje de atender en ningún momento las líneas de ermegencia, a pesar de que su personal todavía no había sido alcanzado por la primera batería de aumentos- configuró un escenario que terminaría siendo clave para el balace final, sin homicidios en ninguno de los dos días y la correspondiente actuación policial ante cada delito denunciado. “Eso no se perdió, a pesar del ruido”, señala ahora una fuente en Casa Gris.
Desde marzo, en los recibos de los más de 25 mil empleados policiales y penitenciarios de Santa Fe empezará a impactar 40 por ciento aproximado de aumento, que puede crecer más si se suman adicionales como manejo de armas y otros ítems que generan un plus salarial, que lleva los sueldos iniciales al millón trescientos mil pesos. Y con el conflicto ya cerrado, posiblemente haya tiempo para revisar lo sugerido por el ministro Cococcioni, respecto a agitadores que buscaban montarse sobre una protesta legítima. Una de las fotos que circuló en las últimas horas, de hecho, muestra a Agustina Roselli gritándole en la noche del lunes al jefe de policía provincial, Luis Maldonado. Se trata de una mujer muy cercana a Daniel Acosta, el ex jefe policial que terminó imputado y preso por haber liderado una maniobra para quedarse con dinero que debía pagar el combustible de los patrulleros. Y según datos que maneja el gobierno provincial, no habría sido la única con intereses oscuros que se subió a los reclamos por un mejor salario.
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