Tras varias idas y vueltas en la previa, la oposición finalmente logró quorum en la Cámara de Diputados de la Nación y se habilitó el recinto debatir el recorte al alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Así, el oficialismo puede sufrir una nueva derrota después de la caída de los vetos presidenciales de las últimas semanas para las leyes que buscaron darle mejor financimiento al Hospital Garrahan y la educación universitaria. El telón de fondo hoy es el escándalo con José Luis Espert, que presentó un pedido de licencia hasta el fin de su mandato en diciembre, al comprobarse que había recibido fondos del presunto narco Fred Machado para finaciar en 2019 su campaña presidencial por el Frente Despertar. parte de la oposición.
La aprobación del proyecto opositor reforma representaría un nuevo traspié para el presidente, que perdería margen para gobernar por decreto y se vería obligado a negociar con un Parlamento cada vez más decidido a marcarle límites. La iniciativa propone modificar la ley 26.122 -vigente desde 2006- estableciendo que cada DNU deberá ser ratificado por ambas cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días. Si no se cumple ese requisito, el decreto perderá validez automáticamente. Además, bastaría con que una sola de las dos cámaras lo rechace para que quede sin efecto, algo que representaría un cambio profundo respecto al sistema actual, que permite que un DNU siga en pie mientras al menos una de las cámaras no lo derogue expresamente. Desde el oficialismo advirtieron que la reforma representa “un intento de condicionar al Poder Ejecutivo” y denunciaron que detrás del proyecto hay “una maniobra para debilitar al Gobierno”.
Espert venía de renunciar a la presidencia de la comisión como gesto político, pero la presión en su contra no disminuyó. En ese marco, se conoció su decisión de pedir licencia hasta el próximo 10 de diciembre. Si la reforma prosperara, sería un duro revés para Milei: el margen para gobernar por decreto se estrecharía fuertemente y el Ejecutivo quedaría obligado a construir mayores consensos con el Parlamento, en línea con lo que le pidió al gobierno nacional el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
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