Desde las 11 horas de este jueves se llevará a cabo la primera sesión del período 2026 en la Cámara de Diputados, con dos iniciativas centrales en la agenda del Gobierno nacional: el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
El dictamen mayoritario sobre el Régimen Penal Juvenil reúne 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal, estos dos últimos con disidencias. La iniciativa contempla un sistema integral que incluye actividades educativas, recreativas y deportivas, atención médica y abordaje de consumos problemáticos, además de informes trimestrales de seguimiento por parte de las autoridades competentes.
En materia penal, el proyecto establece penas máximas de hasta 15 años de prisión para los delitos más graves, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
En paralelo, el debate contará con dictámenes alternativos. Unión por la Patria presentó dos propuestas: una que sostiene la edad actual de imputabilidad y otra, impulsada por el sector massista, que también plantea bajarla a 14 años. Provincias Unidas presentó su propio proyecto en la misma línea, mientras que el Frente de Izquierda y el diputado catamarqueño Sebastián Nóblega impulsaron dictámenes de rechazo.
Respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el texto —de 3.039 páginas— cuenta con 46 firmas de respaldo y propone establecer un marco comercial moderno y previsible, reducir o eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, fomentar la inversión y promover una mayor integración en las cadenas globales de valor.
Uno de los puntos destacados del Régimen Penal Juvenil es la incorporación de una partida presupuestaria específica para su implementación, que asciende a $23.739.155.303. Según explicaron desde el oficialismo, el presupuesto cuenta con el aval del Ministerio de Economía y destina más de $20.000 millones a la Defensoría General de la Nación para garantizar la defensa legal de los adolescentes, y más de $3.000 millones al Ministerio de Justicia para la designación de supervisores encargados del seguimiento y control de los jóvenes en conflicto con la ley.
Además, el proyecto habilita a la Nación y a las provincias a firmar convenios de cooperación para cubrir gastos de infraestructura, alojamiento y traslado de adolescentes, incluso en jurisdicciones distintas a las de origen.
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